De 100 carpetas de investigación abiertas, 55 ya se han judicializado, es decir, se encontraron pruebas suficientes contra servidores públicos acusados de hechos con apariencia de delito, principalmente peculado, informó el Fiscal Especializado en Hechos de Corrupción Alejandro Vera Noyola.

Aunque será un juez quien determine el grado de responsabilidad y la sanción que les corresponde, la Fiscalía está haciendo el trabajo que le corresponde y hay resultados palpables del 21 de agosto del 2018 a la fecha.

De 300 denuncias que han generado al menos 100 carpetas que se están investigando en la Fiscalía Anticorrupción y se está procesando todo lo que llega, aunque en algunos casos podrían, no haber elementos y entonces se tendrá que resolver en este sentido, y donde existan elementos se estará procesando en base a la ley.

De acuerdo a las nuevas disposiciones de la Ley Anticorrupción, ahora se están recibiendo algunos casos donde se vincula a particulares, pues anteriormente solamente se atendían casos donde se involucraba a ex funcionarios o servidores públicos en general, dijo.

Vera Noyola señaló que “la reciente reforma anticorrupción, obliga que aquellos servidores públicos que estén involucrados en un supuesto caso de corrupción tendrán que acudir ante un juez, es decir que si hay elementos suficientes para que se determine que existe la posibilidad de que se haya cometido un delito se tendrá que proceder a fin de seguir fortaleciendo el combate a la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones”.

El Fiscal Especializado en Hechos de Corrupción reconoció que anteriormente no había ningún caso donde los presuntos responsables pudieran acudir al menos ante un Ministerio Público o un juez.

“Ahora lo que buscamos es que sea precisamente la constante, porque si hay elementos tendrán que justifícalo ante una instancia judicial para acreditar la existencia de alguna conducta ilícita”, añadió.