La Jornada virtual de Feminismo y Derecho titulada “Teoría y Experiencias contra la Violencia Feminicida” se llevó a cabo recientemente, coordinada por la Alianza Internacional de Mujeres Feministas y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). En este evento participaron organizaciones defensoras de derechos humanos de Colombia, España y México, que abordaron la violencia estructural contra las mujeres y propusieron alternativas para combatirla.
Dentro de las participantes estuvieron Arussi Unda Garza del colectivo Las Brujas del Mar quien dio a conocer los problemas que enfrenta diariamente el activismo en el país debido a la inseguridad generalizada y de ser vistas como blancos de persecución política al denunciar constantemente las violaciones a derechos humanos que viven las mujeres en el país haciendo un llamado a la reorganización del movimiento feminista de la región, a la vez la organizadora de la Jornada, la maestra Claudia Espinosa Almaguer, destacó los riesgos presentes para el traslado de las defensoras y que finalmente evitaron que el evento fuera presencial.
Desde Colombia, Alejandra Vera, de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, expuso cómo en la frontera con Venezuela el gobierno promueve prácticas como la prostitución y los vientres de alquiler como formas de sostenimiento económico, sin perseguir estas formas de explotación. También señaló la importancia de contar con profesionistas con perspectiva feminista para acompañar y resolver casos concretos de violencia.
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Por su parte la directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora de España, expuso el proyecto de recuperación del proyecto de vida de las mujeres denominado “Puntadas de Dignidad” vinculando el impacto transformador de esta iniciativa que une el arte textil con la recuperación emocional y económica de las mujeres que la semana pasada fue presentado en el Senado Español ante la reina Letizia.
La abogada Neil Arías del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan habló del estado de abandono institucional en que se encuentran los municipios y comunidades de la montaña de Guerrero donde el municipio de Tlapa de Corso se ha quedado sin titular del Ministerio Público para la investigación de los feminicidios contra mujeres indígenas, y en donde las familias son extorsionadas económicamente por las autoridades para llevar a cabo las diligencias que marcan los protocolos para el traslado y aplicación de periciales indispensables para investigar estos asesinatos violentos, es decir hay un abuso para no actuar aprovechándose de la pobreza en la que están las comunidades.
Claudia Espinosa Almaguer, organizadora del evento, alertó sobre el desmantelamiento de la Alerta de Violencia de Género en tres municipios de San Luis Potosí: Matehuala, Tamuín y Tamazunchale. A pesar de los altos índices de feminicidio y violencia, la CONAVIM y otras instituciones acordaron levantar el mecanismo implementado en 2017.
Espinosa recordó que desde 2015, el Secretariado Ejecutivo ha registrado más de 65,000 carpetas de investigación por feminicidio (7,928), homicidios dolosos (25,052) y presuntamente culposos (32,810), además de 172,314 violaciones y más de 2 millones de denuncias por violencia familiar.
Criticó que la CONAVIM proponga estrategias de justicia restaurativa similares a las de los años 90, que implican pedir perdón a las agresoras, lo que calificó como una burla hacia las víctimas
“Es una burla absoluta ponerse a pensar en un asesino antes que en la mujer que ha matado y cómo se engaña a la ciudadanía haciendo pasar de coherente una forma de solución que sólo puede darse cuando el bien jurídico es recuperable, cuando el daño tiene cierta forma de reparo y sirve de algo que el responsable de un delito comprenda la lesividad de su conducta”.
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