El exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga, fue liberado este sábado luego de aceptar su culpabilidad de los delitos de uso ilícito de las atribuciones y facultades y ejercicio indebido de las funciones públicas por el que fue procesado y al realizar el pago del daño causado al erario estatal.
Estuvo preso poco más de un año, como se recordará, ingresó al penal de La Pila el 11 de enero del 2022. El monto del pago que realizó a través de sus abogados ascendió a 2 millones 300 mil pesos
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FIGESLP) obtuvo un fallo condenatorio contra el ex secretario de seguridad pública estatal, Jaime Pineda, detenido hace casi un año por uso ilícito de las atribuciones y facultades, ejercicio indebido de las funciones públicas, delito por el que fue sentenciado.
Inicialmente también fue acusado de uso ilícito de las atribuciones y facultades; también se dijo que tenía relación con señalamientos relacionados con la adquisición irregular de los sistemas de videovigilancia, que según la denuncia habrían sido adquiridos a sobreprecio, pero luego se aclaró que la acusación se refería a la renta de un inmueble para uso personal.
El ex jefe policiaco, quien se desempeñó en el cargo durante la anterior administración estatal, encabezada por el gobernador Juan Manuel Carreras, estuvo recluido en el penal ubicado en la capital potosina, con la medida cautelar de prisión preventiva; su defensa decidió conducirse por un procedimiento abreviado marcado en la ley.
El acusado aceptó su responsabilidad y pagó la reparación del daño al estado, tras los datos de prueba que se presentaron, según lo dio a conocer la FIGESLP.
El Juez de Control le dictó una sentencia de dos años y seis meses de prisión; sin embargo, la defensa solicitó al Juez de Control la suspensión condicional de la pena, la cual fue concedida, quedando en libertad.
Cabe recordar que casi al final de la administración estatal anterior, Pineda anunció que se había contagiado de Covid-19 y se mantuvo en contacto con su trabajo a distancia, pero posteriormente su condición se complicó y terminó hospitalizado e incluso pasó un tiempo intubado.
Tras su detención hace casi un año, su defensa solicitó al juez la prisión domiciliaria, por sus problemas de salud por supuestas secuelas, pero la solicitud le fue negada y fue vinculado a proceso.