En lo que va del año aproximadamente 107 estaciones de servicio han sido revisadas, de las 250 gasolineras que existen en promedio en San Luis Potosí, y de éstas 13 fueron sancionadas tras ser detectadas algunas irregularidades al momento de operar. Informó el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Miguel Cardoza Mora, quien indicó que en total fueron revisadas mil 327 mangueras y se inmovilizaron tan solo 22.
Comentó que dos estaciones de servicio fueron acreedoras de una sanción por despachar menos litros de los que marca la normatividad y que algunas otras de las causas, por las cuales fueron inhabilitadas las demás, es porque los modelos de los equipos no funcionaban adecuadamente o porque los dispositivos electrónicos tenían algún error de repetibilidad.
Recordó que las brigadas que llevan a cabo las revisiones provienen de las oficinas centrales que se ubican en la Ciudad de México y éstas monitorean todas las estaciones de servicio del país.
“Estas 107 revisiones fueron en las cuatro regiones del Estado, obviamente estas brigadas vienen de manera itinerante y sorpresiva, y seguirán viniendo en el transcurso del año. Nosotros no participamos de forma directa en las revisiones por lo que no se nos indicó en qué zona es donde mayormente se sancionaron a las estaciones, pero esta información se va actualizando en el transcurso del año por lo que seguiremos comunicando”, aseveró.
Señaló que una vez que es detectada alguna irregularidad proceden a colocar sellos de suspensión en las bombas y se inicia un procedimiento por infracciones a la ley, en la cual primero se da un emplazamiento al proveedor o empresario y éste tiene un plazo de 15 días aproximadamente para corregir las fallas que fueron detectadas; una vez que se realizan las correcciones éste debe solicitar la desinmovilización de las bombas para que se retiren los sellos.
Finalmente explicó que todo el proceso concluye con una resolución administrativa en la cual se aplica una sanción económica, la cual puede ir desde los dos mil hasta los dos millones y medio o tres millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción o de si son empresas reincidentes.