Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, se opone a la instalación del Centro de Transferencia de Migrantes que pretenden instaurar en la delegación de la Pila, en San Luis Potosí, debido a que no se cuenta con la capacidad suficiente para atender a los ilegales con médicos de planta o medicinas, además de que no existe ningún presupuesto para ellos.
Cada dos días estarían llegando a San Luis Potosí, un total de 500 migrantes, por lo que la capacidad del Estado se vería rebasada con la sola intención de colocarlos en este centro de atención.
“Por información que me han dado a conocer desde el propio ayuntamiento de la capital, informan que este espacio estaría ubicado en un gimnasio, pero es preocupante porque lo quieren poner a un costado de una escuela secundaria donde hay cerca de medio millar de alumnos y se les pondría en riesgo, cualquiera que éste pudiera ser”.
Desde su trinchera, lanzó un llamado a los tres niveles de gobierno, al presidente municipal de la capital Xavier Nava Palacios, al gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López y a los representantes del gobierno federal en San Luis Potosí, como Gabino Morales, y la delegada federal en San Luis Potosí del Instituto Nacional de Migración, INM, Yolanda Camacho, para que no permitan la instalación de este Centro de Transferencia de Migrantes en el territorio potosino, al considerarlo un factor de riesgo.
El espacio no cumpliría con la especificaciones necesarias para brindar el servicio que se merecen los migrantes sin violentar sus derechos humanos, no se tiene presupuesto para poder hacer funcionar este espacio porque el gobierno federal eliminó partidas presupuestales para ese sector y no hay dinero para atenderlos. Además se está incrementando la inseguridad y negligencia policíaca contra los ilegales.
“Me preocupa este tema, porque además puede haber conflictos sociales, de seguridad, la gente de la Pila no creo que dejen estar a 500 migrantes cada dos o tres días. Tuve reunión con varios de los cónsules, Guatemala, El Salvador y Honduras, este último representa el 80 por ciento de los migrantes, refieren que se han recortado fondos para los migrantes, esto es alarmante porque tenemos que cuidar que se les ayude, pero que también que no haya riesgos para nadie, nos dicen que no hay comida, ni alimento, además están denunciando violaciones en seguridad de parte de nuestras autoridades. Puede venir una problemática más grande”.
