Empresarios potosinos se oponen a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer los organismos autónomos, donde se pretende que las secretarías de Estado asuman las funciones que llevan a cabo dichos órganos, bajo el argumento de reducir el gasto público.
Al respecto la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, consideró que esta decisión significaría un retroceso, pues además de desincentivar la inversión, carecer de órganos autónomos representa el riesgo de que México enfrente controversias internacionales. Asimismo, advirtió, el capítulo 18 del nuevo TMEC señala la existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones en cada uno de los países del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Por ejemplo, indicó, los entes como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) son necesarios y también está especificado en el TMEC; en el caso del INAI, es un instituto fundamental que permite que los ciudadanos puedan acceder a la información que requieren consultar, por eso la importancia de su prevalencia y autonomía.
“El gobierno federal no tiene por qué concentrar y tener el control de todo, porque no puede ser juez y parte. El INAI necesitamos defenderlo, porque a través de éste se logró conocer casos como “la Estafa Maestra” y el de “la Casa Blanca”, y cada día que transcurre se corrobora la hipótesis que el presidente López Obrador está actuando como sus antecesores de los 70´s, así es que la cuarta transformación es sólo pura demagogia”, apuntó.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR), Juan Servando Branca Gutiérrez, señaló que eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), afectaría no sólo a la iniciativa privada, sino que se corre el riesgo de que, si pasa a manos de una secretaría de Estado, pueda generar un conflicto de intereses, porque entonces el gobierno sería juez y parte.
“Pensando que un ciudadano pueda solicitar una información, y por ejemplo el INAI esté en manos de una secretaría, pues fácilmente sólo se emitiría lo que les conviene y sería totalmente parcial y poco práctica, porque en lugar de fortalecerlo en sus funciones de acuerdo a su experiencia, se apunta a cortar la cabeza y ofrecer una solución fast-track como el mismo presidente lo mencionaba y ni garantiza la imparcialidad”, indicó.
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