Mientras activistas dieron su voto de confianza al Plan de Movilidad Ciclista presentado por el Ayuntamiento capitalino, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, los invitó a colaborar con aportaciones al reglamento de tránsito.
Indicó que el reglamento nuevo deberá seguir conteniendo regulaciones para los ciclistas pero actualizadas, más ahora que se cuenta con un plan de Movilidad Ciclista y crecerán los kilómetros de ciclovías.
Recordó que el actual es obsoleto, y recordó, por ejemplo, el tema de los patines eléctricos conocidos como socotters, que de momento no cuenta con una regulación. “Hay un vacío, no hay regulación de ello y estamos trabajando en eso”, señaló.
Villa Gutiérrez reconoció que los ciclistas tienen derechos pero también obligaciones, tanto que también se les aplican sanciones. En un mes se han levantado alrededor de 140 infracciones, principalmente por circular en zonas estrictamente peatonales, como ocurre en Calzada de Guadalupe.
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Sin embargo, aclaró que la intención es primero concientizar, lo que se hará con el nuevo reglamento que ofreció tener listo antes de la conclusión de las ciclovías que se anunciaron.
Para ello, hizo saber que probablemente para diciembre próximo se programarán reuniones con colectivos de movilidad “para sumar todas su opiniones que sean adecuadas y de ahí irnos a efecto de mandarlo a Comisión de Gobernación del Cabildo para su aprobación”.
En tanto, activistas de esos colectivos dieron su visto bueno al Plan de Movilidad Ciclista. Carlos Alderete, integrante de Derecho Urbanxs, pidió que no se improvise al momento de ejecutar y que se sostenga en opiniones técnicas y no políticas, mediante un plan bien socializado”.
Víctor Hernández, de Pedaleando, solicitó al Gobierno Municipal transparencia y participación ciudadana en la ejecución del plan, mientras Luis Fernando Rodríguez, especialista en Ciudades Sostenibles, dijo que el concepto de gobernanza se ve reflejado en este ejercicio, y espera que en la ejecución se incluya a la ciudadanía en la toma de decisiones.