Los desfalcos cometidos durante la administración estatal pasada a través de facturas falsas o no sustentadas forman parte de otra de las investigaciones que lleva la Fiscalía General del Estado, luego de haber sido denunciada.
Así lo confirmó el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien reveló que “existen pruebas que permiten imputar a exfuncionarios y a particulares”.
El fraude millonario, cometido con el uso de facturas apócrifas, es uno más de los presuntos actos de corrupción identificados, que provienen de finales de la pasada administración gubernamental, específicamente en el área contable.
Se trata de servicios, compras y productos, amparados en facturas en donde se plasma que supuestamente fueron adquiridos y se identificó que los pagos se erogaron, pero las compras fueron inexistentes, por lo que ya forman parte de las investigaciones para castigar a los responsables.
Con frecuencia hubo proveedores, añadió el funcionario estatal, que al finalizar el sexenio aceleraron la entrega de facturas por diversos conceptos y montos y apremiaron los pagos, cientos de esas facturas siguen almacenadas en la Secretaría de Finanzas.
El daño al patrimonio sería millonario, ya que hay facturas de proveedores por diversos montos y conceptos, pero inexistentes, y que de manera intencionada o no pero fueron cubiertas.
El encargado de la política interna en el estado observó que se trata de casos documentados, que si proceden reflejarían una marcada corrupción, al haberse tolerado hechos permisivos e inadecuados.
Finalmente, Torres Sánchez recordó el caso de la Secretaría de Salud, “donde se fingió la compra de un líquido para supuestamente controlar un vector, pero en realidad nunca existió el producto de esa compra, lo que derivó en la detención de la extitular y otros servidores públicos involucrados”.
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