Está por concluir la documentación de los exfuncionarios que “ponían a sudar” los recursos públicos, este es un tema de una responsabilidad administrativa e inclusive de tipo penal.
Así lo advirtió el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien explicó que es a través de la Secretaría de Finanzas como casi se termina de documentar el caso, “para que, una vez que contemos con toda la información, podamos tomar las decisiones correspondientes”.
El funcionario estatal afirmó que “evidentemente esto da para un tema de una responsabilidad administrativa pero inclusive pudiera haber también responsabilidades de tipo penal”.
Aclaró que debe analizarse cuál es el origen del recurso “y a partir de ahí poder tomar las decisiones, no quisiera yo anticiparme, sin embargo, lo que sí es un hecho, es que se está documentando esa situación”.
Finalmente en el tema adelantó que, en un plazo específico que podría concluir el primer bimestre del próximo año, habría resultados de la denuncia que se presentó por aprovechar recursos públicos para ganar intereses.
En otro orden de ideas, consideró que el tema de las casetas de Coconal es complicado “sin embargo, la instrucción del gobernador ha sido clara y es ver cómo podemos mover esas casetas para poder liberar la vía y que no exista ningún obstáculo”.
El encargado de la política interna en el estado confirmó que las citadas casetas de cobro “impiden que se pueda desempeñar libremente y de manera fuerte el desarrollo económico en San Luis Potosí”.
Lo que buscamos, añadió, es una reconfiguración o reingeniería del título de concesión, quizá ampliándolo un poco más para que ellos amortigüen lo que generan de ingresos en esas casetas.
Finalmente Torres Sánchez aclaró que lo que se busca son alternativas, tal vez no quitarlas, aunque si el tema no se resuelve así pues vamos a tener que plantear el caso judicialmente el próximo año.
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