Ahora vendrán autoridades de la Procuraduría General de laRepública (PGR), a realizar peritajes en el confinamiento dedesechos industriales en el municipio de Santo Domingo“Palula”, con la intención de mantener firme la suspensión dela construcción de este proyecto que alberga al menos 13 milhectáreas.
Los abogados del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz,manifestaron que están convencidos de que con ello se frenaránactividades en el sitio y se evitará un daño irreversible a ladinámica del área.
El abogado Guillermo Luevano, asevera que habrá avancessignificativos con la presencia de las autoridades federales, todavez que hay motivos suficientes para cancelar el proyecto que llevatiempo de iniciado en esa demarcación.
Será el día 20 de febrero cuando las autoridades judicialeslleguen al municipio del Altiplano Potosino, para conocer lo queocurre en la zona donde se busca albergar al tiradero de desechostóxicos más grande del mundo.
Por ahora aseveran existen avances en la defensa de eseterritorio en donde no permitirá la construcción de un rellenosanitario para basura industrial, porque ocasionaría una gravedevastación de la fauna y flora de la zona, pero además de ladinámica diaria del lugar.
Entre esos logros destaca que existen dos ordenamientos legalesque impiden las actividades de construcción del proyecto quecuesta 330 millones de pesos al Centro de Ingeniería y TecnologíaSustentable Palula.
“Continua firme la suspensión definitiva que ha impedidohasta el momento la instalación y operación de este proyecto enel municipio de Santo Domingo, gracias a dos revisiones judicialesde distrito y estamos en la revisión en otro y en este momentoestamos en las dictaminaciones periciales están por desahogarsedos dictámenes periciales, vienen de la ciudad de México lasexpertas a preparar estos exámenes”.
La empresa no puede continuar con los procesos de construcciónde Centro Tecnológico para el Manejo Integral de MaterialesProvenientes de Actividades Industriales y Procesos Extractivosporque se han dado dos dictámenes jurídicos para que ello ocurray con la llegada de la PGR están convencidos que estarán a favorde la comunidad de la zona.
“Estamos en esa disputa jurisdiccional, hasta el momentollevamos tres demandas de amparo, pero hasta el momento tienen dossuspensiones definitivas que le impiden actuar en la zona”.
Este proceso todavía se alargará unos meses más y guardan laesperanza de que la Procuraduría General de la República,corrobore los impedimentos de trabajo en el rancho de Palula paraque no haya operaciones y se devaste el lugar.