Interponen quejas y amparos por suspensión de trámites y servicios en Pozos

Emanuel Landeros / El Sol de San Luis

  · sábado 27 de julio de 2024

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Habitantes de Villa de Pozos, afectados por la falta de servicios han promovido tres amparos contra el ayuntamiento de San Luis Potosí y su titular, el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos, ante la omisión de proteger, respetar y garantizar el derecho fundamental a la salud.

Lo anterior tras negarse a brindar a los quejosos los servicios de traslado para recibir atención médica; además, por la omisión de vigilar el correcto ejercicio de las funciones y servicios públicos con las personas en situación de vulnerabilidad.

El primero de los amparos fue promovido el pasado jueves, 25 de julio por tres mujeres -dos adultas, más una en representación de su hija menor de edad-, por un tema de servicio médico.

El Juzgado Cuarto de Distrito lo admitió y concedió la suspensión provisional al encontrarse satisfechos los requisitos exigidos por la Ley de Amparo.

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Dicha suspensión provisional tiene alcances para que el ayuntamiento continúe brindando el servicio de traslado a las instituciones señaladas por las quejosas, a fin de recibir la atención médica y de rehabilitación correspondiente en los días en que deben acudir para ser atendidas.

El viernes fueron presentados otros dos amparos: uno que reclama, al igual que el primero “la omisión de proteger, respetar y garantizar el derecho a la salud”. En este último caso el quejoso tuvo que ser hospitalizado el jueves, dado que la autoridad municipal no lo trasladó a su tratamiento de hemodiálisis.

El segundo amparo reclama la suspensión de servicios y trámites en las oficinas de Villa de Pozos.

Ambos han sido perjudicados en el tema básico de los servicios médicos, por lo que también se presentaron sendas quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos con base en actos discriminatorios del Ayuntamiento, al negarles su traslado por parte del DIF Municipal a sus tratamientos médicos, lo que al menos podría resultar en medidas cautelares para que el Ayuntamiento continúe brindándoles el servicio.

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