La vinculación que pretende hacerse de la titular de la Secretaría de Salud con un presunto fraude financiero se debe a intereses políticos.

Así lo consideró el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, quien argumentó que las acusaciones han sido hechas “por las posibilidades electorales que tiene Rangel Martínez”.

El funcionario estatal argumentó que la citada dependencia se hizo una auditoría a sí misma, en la que no salió absolutamente nada “pero en un contexto preelectoral se vale de todo y se usa de todo”.

Insistió en que es muy claro lo que está sucediendo “es un distractor en el que no vamos a concentrar nuestras baterías, ni a caer en él, hablamos de una institución que hace un gran trabajo y que tiene una gran responsabilidad”.

Por su parte, la secretaria de Salud aceptó que la dependencia a su cargo ha celebrado contratos con empresas de Gabriel Alan Salazar Soto, quien aparece como proveedor o representante legal, por una suma de 64 millones 977 mil pesos.

Salazar Soto ha sido acusado de defraudar a inversionistas de la empresa Invercorp, una de las compañías de su corporativo Grupo Infinite, la cual ofrecía intereses desorbitados a quienes depositaban ahí su dinero y su confianza.

Desde hace tiempo se sabe que Rangel Martínez podría buscar competir por un cargo público en las elecciones del próximo año, aunque actualmente asegura que no se considera víctima de violencia política, puesto que actualmente no compite por ningún puesto.