Institucionalización del 25N, una lucha compartida: activista potosina

Olga Lucio defensora de los derechos humanos de las mujeres y activista subrayó la importancia de la institucionalización del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este avance ha sido fundamental para visibilizar y generar conciencia sobre una problemática que afecta a millones de mujeres en todo el mundo.

“La institucionalización de esta fecha ha permitido que las acciones de sensibilización lleguen a una mayor audiencia y que la violencia de género ocupe un lugar central en las agendas políticas y sociales. Además, ha contribuido al diseño de políticas públicas, protocolos de atención a víctimas y a la asignación de recursos para la prevención de esta violencia”, destacó Lucio Huerta.

Sin embargo, advirtió que los esfuerzos institucionales suelen quedarse cortos al no abordar de manera transformadora las raíces estructurales de la violencia de género, especialmente en las comunidades más vulnerables. “Es importante reconocer que, aunque significativos, estos esfuerzos no siempre se comparan con el trabajo diario de las colectivas y organizaciones de la sociedad civil, quienes están en contacto directo con las mujeres víctimas y sus entornos más afectados”, explicó.

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Las organizaciones sociales, muchas de ellas encabezadas por mujeres, enfrentan serios retos, como la falta de financiamiento y la sobrecarga de trabajo. A menudo operan en condiciones precarias, desempeñando labores que van desde la gestión de proyectos hasta el acompañamiento emocional y legal a las víctimas. Este compromiso cotidiano, indispensable para lograr un cambio real en las comunidades, rara vez recibe el reconocimiento o el apoyo necesario de las instituciones gubernamentales o privadas.

Para Lucio Huerta, la clave está en una colaboración más efectiva entre los sectores institucionales y las organizaciones de base. “El 25N debe servir como un recordatorio no solo para visibilizar la violencia de género, sino también para reforzar los esfuerzos de quienes luchan desde el terreno. Las instituciones tienen el deber de apoyar, con recursos tangibles y acciones sostenibles, el trabajo de las colectivas que generan un impacto directo y transformador en sus territorios”, concluyó.