Existen, al menos, 45 procedimientos instaurados en contra de servidores públicos por presuntas anomalías en su función, 27 funcionarios han sido inhabilitados.

Así lo reveló el titular de la Contraloría General del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias, quien destacó que los citados procesos fueron generados por diversas auditorías, aplicadas en la actual administración.

El funcionario estatal precisó que a la fecha suman 27 las inhabilitaciones que ha aplicado la dependencia a su cargo, “a nueve años de que quedó instaurado de manera oficial, el Consejo Ciudadano de Transparencia ha sido un coadyuvante que ha permitido reducir la incidencia de corrupción y transparentar los concursos públicos”, dijo.

Explicó que el objetivo es prevenir conductas indebidas en el ejercicio de la función pública, hasta ahora contabiliza —en lo que va de 2019— al menos 45 procedimientos abiertos en contra de servidores públicos por presuntas anomalías en la función, derivadas de auditorías de trabajo aplicadas en la administración gubernamental.

De igual manera indicó que la licitación es la principal forma de contratación que tiene el gobierno estatal, la adjudicación directa es con base a montos bien definidos por la legislación y dentro de un marco en el que se busca acelerar la operatividad del gobierno, “ambos procesos están sometidos a una instancia jurisdiccional”.

Finalmente, Rosillo Iglesias pidió recordar que la dependencia a su cargo “es muy preventiva, lo que queremos es prevenir conductas indebidas o que se cometan manejos irregulares de recursos, antes de aplicar las sanciones”.

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