Información de recursos en materia de seguridad deben estar a disposición del público

Con ese fin, el diputado Ricardo Villarreal Loo presentó iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia

Redacción

  · domingo 19 de mayo de 2019

Cortesía | Congreso del Estado

Con el fin de que la información sobre el destino y ejercicio de recursos públicos estatales y municipales en materia de seguridad y procuración de justicia se pongan a disposición del público, de oficio, y en forma completa y actualizada, el diputado Ricardo Villarreal Loo presentó una iniciativa para adicionar los arábigos 4 y 5, al inciso k), de la fracción I del artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

De esta manera, se propone que se considere, dentro de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en el apartado de seguridad pública y procuración de justicia, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos estatales y municipales, según aplique, así como el cumplimiento de los objetivos programáticos de seguridad pública y procuración de justicia; y las acciones coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno que se hayan efectuado en materia de seguridad pública.

En su exposición de motivos, el diputado señala que la seguridad pública y la procuración de justicia, son temas que por su alcance e impacto interesan a todos: ciudadanía, especialistas y autoridades; por eso las acciones y recursos destinados a esta materia están contemplados en la Ley de Transparencia.

Agrega que la citada Ley aborda esas materias entre las obligaciones del Ejecutivo del Estado y de los ayuntamientos; no obstante, es de destacarse que no hay disposición análoga que verse sobre los fondos propios; de la misma forma, en la Ley vigente no hay obligación para datos de transparencia directamente relacionados a la procuración de justicia.

Por tanto, se busca adicionar a las obligaciones de transparencia datos sobre, las partidas presupuestarias de fondos propios que sean ejecutadas, así como las acciones programáticas y acciones coordinadas realizadas, derivadas del diseño de las políticas de seguridad pública y procuración de justicia, tanto para el Ejecutivo del Estado y los Municipios, según corresponda a su ámbito de competencia.

“Es decir, lo relativo a la procuración de justicia, al no constituir una atribución de los ayuntamientos, se reserva para el Ejecutivo estatal, sin embargo, es importante que se pueda tener acceso a la información de su competencia, en términos de las erogaciones realizadas en función de sus objetivos programáticos e indicadores de gestión”, manifiesta.

Adicionalmente, señala el legislador, se plantea que las acciones coordinadas entre distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, una vez que se hayan realizado, para no caer en el supuesto de que se trate de información sensible, se consideren como datos susceptibles de transparencia, debido a la importancia que tiene conocer las acciones desplegadas por los órdenes de gobierno en atención al principio constitucional de coordinación comprendido en el marco legal estatal, además de que ese criterio sí se encuentra presente en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado.

“Debemos de considerar la importancia de la transparencia en las cuestiones relacionadas a la seguridad pública y a la procuración de justicia, dado que son las de mayor interés y preocupación ciudadana; ya que en la medida que el desempeño y las acciones que se realizan formen parte de un banco de información accesible, los ciudadanos se podrán dar cuenta de la acciones de las autoridades y la aplicación de los recursos, lo que sin duda les dará mayor legitimidad y eventual confianza social, y las dependencias a su vez, tendrán una plataforma pública útil para comunicar sus avances, medir sus ritmos y cotejar sus metas, al tiempo que le dan cumplimiento a la Ley”, señala el diputado.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.

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Titular de la Auditoría Superior del Estado Rocío Cervantes Salgado