La administración municipal de Tampamolón Corona, encabezada por Isidro Mejía Gómez, quebranta la Ley, ignora el amparo de una jueza federal e incumple el acuerdo emitido por los tres poderes para otorgarles a los pueblos indígenas su derecho a participar en el Plan Municipal de Desarrollo.

Ante esto, el titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi), Raúl González Vega, se muestra omiso, a pesar de que sobre él pesa la exigencia de cientos de indígenas para que sea destituido, y cuenta con sendas recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las cuales nunca han sido atendidas.

Ambas autoridades se niegan a realizar la reposición de una consulta, que se encuentre enmarcada y de acuerdo con las disposiciones justamente de la “Ley de Consulta Indígena del Estado y Municipios de San Luis Potosí” para que dichas comunidades ejerzan su derecho a participar en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

Así lo manifestaron indígenas de Tampamolón, encabezados por Antolín Santiago Santos, Brenda Guadalupe, Arnulfo Santiago y Juan Hernández Martínez, así como su representante, Laurencio Nava Ruiz, quienes exigen se respete su derecho y se ejerza la resolución de un amparo federal a su favor.

Aseguraron que existe una resolución a su favor que les concede el Amparo y protección de la Justicia Federal, mismo que proveyó la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, Ma. Guadalupe Torres García, luego de que integrantes de las comunidades Tének y Náhuatl del citado municipio interpusieran este recurso.

De igual forma, Gobierno del Estado, el Congreso Local y el Supremo Tribunal de Justicia emitieron un acuerdo, a través del cual obligan al alcalde de Tampamolón, Isidro Mejía Gómez, a que consulte a los pueblos indígenas de esa localidad, luego de que no lo hiciera cuando elaboró el Plan Municipal de Desarrollo.

Uno de los principales reclamos es que las comunidades no han sido tomadas en cuenta, a pesar de que la población indígena del municipio representa 90% de sus habitantes, con ello al menos 44 comunidades se han visto afectadas.

El haber emitido una convocatoria a modo y efectuar reuniones con supuestas “autoridades comunitarias” descalifica la consulta, así como por la forma en que se llevó a cabo el proceso, puesto que no se ajustó a lo previsto en la Ley.