Una representante del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí integrará el Consejo Estatal de Transporte Público.

El objetivo es impulsar la perspectiva de género en el servicio de transporte público contenida en la legislación estatal.

Es fundamental la participación del Instituto de las Mujeres, a través de la representación ante el Consejo Estatal de Transporte Público, para cumplir el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas de las distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal, traduciéndolo en obras y acciones.

Se indica que actualmente, existe entre las usuarias de transporte público una problemática de acoso, ya que de acuerdo a estudio “Diagnóstico para identificar los tipos de violencia contra mujeres y niñas en el transporte público en los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez” publicado por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, el 75% de las mujeres potosinas han sufrido acoso en este medio de transporte, y respecto a la frecuencia en que esto ocurre, el 17% contesto que siempre, el 20% casi siempre y el 41 % algunas veces.

En nuestro estado se movilizan alrededor de 542 mil pasajeros al día; en este universo de personas debemos señalar la relación entre transporte público y género, ya que por lo general la mayoría de las personas usuarias son mujeres.

Por lo tanto, se requiere tomar medidas que ayuden a llevar a la práctica las medidas que apoyen la seguridad y la implementación de los demás mecanismos para mejorar el transporte público para las mujeres.

En este sentido, la adición al Consejo Estatal del Transporte Público que se propone, constituiría un avance, ya que el Instituto de las Mujeres del Estado realiza acciones clave para el combate a la violencia de género, al tener incidencia en las políticas estatales en la materia, y la inclusión de una representante de esta instancia en el Consejo Estatal de Transporte, sin duda ayudará a la concreción de los principios de la Ley en dicha materia, así como a la ejecución y seguimiento de las acciones programáticas en el estado, que tienen como propósito el de garantizar la seguridad de las mujeres.