Ni la llamada que recibió vía celular por parte del gobernador, Juan Manuel Carreras López, menos aún la del titular de la Secretaria General de Gobierno; ni los reclamos de miles de afectados -quienes ni siquiera entienden el motivo de los bloqueos que recientemente han padecido-; nada ni nadie hasta ahora ha logrado modificar la postura de la representante de la Asociación de Ministerios Públicos, Elementos Investigadores, Científicos y Preventivos de San Luis Potosí, Adriana Moya Méndez, quien lidera las manifestaciones y bloqueos que han mantenido desquiciada a la ciudad capital y, a partir de este miércoles, a otras partes de la entidad.
Este día fue filtrado el audio de las llamadas en las que Moya Méndez rechaza acudir a cualquier reunión, encaminada a llegar a acuerdos; “reuniones ya tuvimos las suficientes, y si no han cumplido en meses, ¿para qué voy y me siento otra vez con ellos?, si nada más prometen pero no cumplen”, sentenció.
La demanda única y constante es que los elementos de las policías estatales y ministeriales les sea depositado el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de vida.
“Claro que no voy a ir a ninguna reunión, hasta que nos depositen el dinero, mi pregunta es ¿dónde quedará el dinero que ya está sí yo acepto ir otra vez a escuchar puras mentiras?”.
La representante asegura que son cerca de cinco mil policías afectados, entre agentes del Ministerio Público, policías de Investigación y estatales, así como integrantes de Seguridad y Custodia.
En la llamada, el gobernador intenta sin éxito convencerla de acudir a su oficina, a lo que Moya responde que no se moverá de ahí y rechaza todo intento de diálogo, al tiempo que conmina al mandatario estatal para que “los responsables del área realicen el depósito”, como la única salida para destrabar el asunto y retirar los bloqueos que sostiene en el oriente de la ciudad y el distribuidor Juárez.
De igual forma, quien será el responsable de la Subsecretaría de Gobierno en la administración entrante, Jorge Vega Arroyo, se apersonó en el lugar, argumentando que acudía en calidad de intermediario, pero tampoco tuvo éxito.
Desde el pasado 15 de septiembre debió haberse aplicado el pago retroactivo del aumento salarial correspondiente a este año, pero no fue así, además, desde junio pasado, casi cinco mil elementos de la Policía de Investigación, Seguridad y Custodia, Policía Estatal y Peritos, no han cuentan con seguro de gastos médicos mayores, ni seguro de vida.
El temor, fundado en las pocas horas que le restan a la administración estatal, es que con el cambio de administración no se les haga efectivo el aumento y el pago de prestaciones.
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