Por mucho tiempo, directivos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, han ejercido acoso laboral contra trabajadores de la institución educativa, quienes solo han obtenido ayuda de parte de la Defensoría de Derechos Universitarios de la máxima casa de estudios y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado; pero informan que aun y cuando se han emitido recomendaciones no han sido sancionados los agresores.
La fuente informativa que prefiere guardar el anonimato por miedo a las represalias, comentó que a pesar de conmemorarse el 25 de noviembre día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en esta materia, la UASLP deja mucho que desear, pues no conoce los procesos que tienen, pues sus agresores siguen sin castigo. Contextualiza que en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, hace año y medio varios trabajadores entre docentes y administrativos están viviendo hostigamiento por parte del director de la Facultad, existe una queja de cinco personas que fue atendida por la Defensoría de los Derechos Universitarios quien ya giró una resolución a favor de ellos, pero su violentador sigue sin ser amonestado y con la oportunidad de que lo dejen terminar su período directivo que termina en el mes de junio de 2024.
Las víctimas piden justicia y que se haga todo conforme a la ley, incluso han solicitado intervención de autoridades externas como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, al Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, IMES, que no hicieron caso.
El pasado mes de mayo, la Defensoría de Derechos Humanos sacó una resolución a favor de cuatro mujeres y un hombre que fueron los agredidos por el directivo de esta entidad académica y hasta ahora la Comisión de Justicia Universitaria, ni el Consejo Directivo Universitario, CDU, han atendido su queja. “Se dieron cinco opciones de sanción y desde ese entonces nos traen vuelta y vuelta, y aunque se reúnen cada mes, no emiten sanción”.
El seguimiento del caso ha sufrido omisiones, equivocaciones, que oportunamente han denunciado ante la Secretario General de la Universidad y a la Comisión Institucional de Justicia Universitaria e incluso ante la titular del Órgano Interno de Control de la institución, porque si bien la Defensoría ya hizo su trabajo y emitió un dictamen a favor de las víctimas, en base a pruebas, videos, correos, no prestan atención. Los afectados no quieren pensar que esta lentitud sea a propósito para no perjudicar al agresor.
El acoso que vivieron por parte del director tiene que ver con cambio de oficinas, de adscripciones, les afectó su salario, no les prestan material de trabajo, hubo maltrato, gritos, no les dio recategorizaciones; de todo esto cuentan con pruebas suficientes. Se sumaron a los malos modos contra los empleados universitarios, el secretario general de la institución, del administrador, y de la encargada de control escolar.
Con esta situación, han observado que le están obstruyendo su trabajo a la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Urenda Queletzú Navarro Sánchez.
Finalmente temen que la Comisión de Justicia no haga nada, porque el director de la Facultad de Derecho es el titular de ésta y es muy amigo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y creen que haya alguna situación irregular que beneficie al agresor. Los miembros del Consejo Directivo desconocen el caso, y piden que lean muy bien su expediente para que se haga justicia ya que tienen año y medio pidiendo una sanción contra este supuesto maltratador.
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