Tras años y medio de vivir un verdadero calvario, tocando puertas, siendo amenazada de muerte e ignorada por todo tipo de autoridades, la señora Marcela N. protestó ayer en los juzgados federales y el Congreso del Estado, además de bloquear el cruce de Vallejo y Comonfort por un par de horas para exigir justicia.

Su hija de apenas 3 años y medio fue presuntamente violentada sexualmente en el Instituto “Luis Gonzalo Urbina” de la calle Centenario en el municipio de Rioverde; una maestra de nombre María Teresa N, fue imputada pero logró su libertad mientras que a otra profesora de nombre Yvett del Carmen N. no la procesaron porque no apareció en los videos que sirvieron de prueba.

La señora asegura que apenas el lunes pasado, la apelación a la resolución del juez salió a favor de la imputada, “ya que el director el colegio al que nadie conocemos mas que como Lalo Boticas, tiene más de 10 abogados conectados políticamente con un tal Héctor Galván, que es quien mueve a la justicia en el municipio y en el estado, porque hasta el momento no hay absolutamente nadie que nos ayude”.

Aseguró la impotente señora que a su hija la sacaban del colegio en horas de clase y la llevaban a otro lugar donde abusaban sexualmente de ella, no solamente las maestras señaladas sino ‘otros masculinos a quienes mi hija se refiere como los señores de los tenis azules’. Hasta el momento no hay nadie detenido y la autoridad duda de la veracidad de los hechos, porque “mi hija de 4 años no les dio ubicación, hora y detalles de lo que le hacían”.

Incluso, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Víctimas ponen en duda los certificados médicos y psicológicos que realizaron autoridades oficiales como el DIF, así como el video que muestra cuando la sacaban. La señora Marcela N. a realizado manifestaciones en instancias de la ciudad de México.

Asegura que a raíz de estas denuncias, ha sido amedrentada y amenazada, intentaron entrar a su casa, le rompieron el medallón de su camioneta y le llaman para advertirle del riesgo en que está; tuvo que mudarse a otro municipio donde ya fue identificada y sus hijas, incluyendo a la víctima no pueden ir a la escuela porque las señalan como “las violadas” y les hacen bullying.

Su protesta es para exigir justicia, “yo no quiero dinero como aseguran, quiero justicia, que las responsables paguen lo que le hicieron a mi hija, cuya vida nunca será la misma y sus terapias de nada le han servido”.