La colectivas ILE SLP y Nueva Luna Salud de las Mujeres A.C., presentaron una nueva iniciativa ciudadana ante el Congreso del Estado. Esta propuesta busca reformar el artículo 150 del Código Penal, ampliando las causales de exclusión de responsabilidad penal en casos de aborto y adaptándose a los precedentes jurídicos y sociales a nivel nacional.
De acuerdo con las promoventes, la actual redacción del artículo 150 no abarca todas las circunstancias en las que una mujer o persona con posibilidad de gestar podría necesitar interrumpir su embarazo sin enfrentar sanciones legales. Entre los puntos destacados de la iniciativa, se propone incluir nuevas causales como el estupro, la implantación de óvulos sin consentimiento y los casos de pobreza extrema. También se busca garantizar el acceso al aborto seguro cuando la vida o salud de la persona gestante esté en riesgo, o en casos de malformaciones fetales graves.
En su intervención, Nuria Serrano, representante de Colectiva ILE SLP, enfatizó la necesidad de eliminar barreras legales que actualmente afectan a quienes desean acceder a este derecho: “La pobreza extrema, los riesgos de salud y las malformaciones fetales no son contemplados en la ley actual, lo que deja desprotegidas a muchas mujeres y personas gestantes en situaciones de vulnerabilidad.”
Otro aspecto relevante de la iniciativa es el planteamiento de eliminar la obligación de denuncia previa en casos de violencia sexual. Las colectivas consideran que esta exigencia, además de ser inconstitucional, según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diversos precedentes, representa un obstáculo insuperable para muchas víctimas. “La SCJN ha validado que las víctimas de violación puedan acceder a un aborto sin necesidad de denuncia previa, solo con su declaración bajo protesta de decir verdad. Esto debe ser replicado en nuestra legislación estatal,” apuntó Serrano.
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Por su parte, Marcela García Vázquez, de Nueva Luna Salud de las Mujeres A.C., señaló la importancia de garantizar el derecho al aborto incluso ante la objeción de conciencia del personal médico. “El Estado tiene la obligación de asegurar que quienes soliciten este servicio no se queden sin recibirlo. La objeción de conciencia no debe ser una barrera.”
Las activistas también anunciaron que, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), presentarán otra iniciativa enfocada en sancionar la negativa injustificada de los servicios de aborto como un tipo de violencia reproductiva. Además, adelantaron que trabajarán en una reforma a la Ley de Educación, con el objetivo de incluir temas de derechos sexuales y reproductivos en la enseñanza básica.
“Es fundamental que las niñas aprendan sobre su cuerpo y sus derechos desde temprana edad. Esto no solo previene embarazos no deseados, sino que también contribuye a detectar y evitar casos de abuso sexual, una problemática muy oculta en nuestro estado,” concluyó García Vázquez.
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