Impuesto ecológico en SLP: exponen deficiencias legales en la iniciativa

La legislación en torno al impuesto verde se encuentra mal fundamentada desde la exposición de motivos, coincidieron expertos en el Foro Sobre Impuestos Ambientales realizado por la Alianza Empresarial de San Luis Potosí.

Dentro del Foro organizado por la Alianza Empresarial en torno al impuesto verde, este martes se discutió el aspecto legal, en donde salieron a relucir deficiencias en la iniciativa que dio origen al nuevo impuesto, por ejemplo, Ayax Segura Peralta, asesor de Sustentabilidad y Seguridad señaló que “faltó pericia” para sustentar este nuevo gravamen, pues se trata de un tema especializado.

Mencionó que por ejemplo, existe una diferencia entre los “contaminantes criterio” y el dióxido de carbono, pues los primeros tienen repercusiones en la salud de las personas, mientras que el CO2 influye en la estabilidad climática global, para el primer caso se pueden emprender acciones locales, mientras que el combate a la emisión de gases efecto invernadero se debe realizar mediante acciones a nivel país. En ese sentido, indicó que no existe una norma que establezca límites de CO2 permitidos.

Destacó que además, los riesgos climáticos también son ocasionados por políticas públicas desorganizadas y desenfocadas de un problema global, lo que lleva a que en ocasiones, los impuestos estatales “distorsionan los esfuerzos del país”, aunado a que son una carga adicional a las emisiones de CO2, por lo que las acciones locales debieran enfocarse en la calidad del aire.

Por parte del despacho Data Legal y Cambio de Ruta A.C., se expuso que el impuesto puede resultar inconstitucional, dado que viola el principio de equidad y justicia tributaria dado que se debe considerar la capacidad económica de cada empresa y sus inversiones previas en tecnologías limpias; además habría duplicidad de fiscalización y sanción puesto que algunas consideraciones en este nuevo graven ya están sujetas a una regulación y sanción a nivel federal; y desde el punto de vista económico, pudiera inhibir la inversión ya que aumentaría los costos operativos de la empresas.

Al respecto, Luis González Lozano, presidente de Cambio de Ruta, adelantó que esta organización promoverá un juicio de amparo en contra del impuesto desde el ámbito social, pues señaló que existen otras formas de cuidar el medio ambiente.