La falta de elementos o justificación para poder recibir una mayor asignación presupuestal, hará que la autoridad judicial no le dé la razón al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Así lo previó el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien explicó que “el recurso legal que promovió el CEEPAC, donde alude que no es suficiente su presupuesto para enfrentar adecuadamente el proceso electoral, es improcedente”.

El organismo electoral promovió recientemente su inconformidad ante un tribunal, donde se establece que la asignación de 382.1 millones de pesos para la operación, gasto y conducción del proceso electoral, es insuficiente.

El funcionario estatal refirió que, semanas previas a la aprobación de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos 2024 el CEEPAC envió misivas en las que advertía de insuficiencia de recursos.

“Esas misivas contenían un contenido generalizado, sin detalle, con apreciaciones subjetivas, en las que no había una justificación detallada sobre el uso de recursos adicionales”, insistió.

Ante esto, consideró que la vía legal no es la correcta, ya que la administración estatal ha mantenido una postura de apertura para escuchar cualquier solicitud adicional y plantear nuevas asignaciones, mediante mecanismos de ampliaciones presupuestales.

Los 382 millones de pesos son suficientes para el gasto operativo del organismo, para la organización del proceso electoral, así como para las prerrogativas a partidos políticos, reiteró.

A través de un comunicado, el encargado de la política interna añadió que “la protección de los derechos político-electorales de las y los potosinos está garantizada por el Estado y se cumplirá la responsabilidad de dotar del presupuesto necesario para atender las tareas que se contemplan en cada etapa del próximo proceso electoral, como la preparación de la elección, la jornada electoral, los resultados y declaración de validez”.

Enfatizó que ha quedado determinado un presupuesto de 382.1 millones de pesos, “que incluyen el gasto operativo para las elecciones 2024 y las prerrogativas de los partidos políticos”.

El Estado actuará con responsabilidad y analizará cualquier solicitud de ampliación presupuestal, “existe una política de puertas abiertas, para el organismo electoral y para cualquier otra institución, que busque aclarar alguna duda o dar seguimiento a sus tareas específicas”, concluyó.