/ martes 3 de diciembre de 2024

Imposible urbanizar ANP de la Sierra de San Miguelito: Gallardo

“Ahí no debería propiciarse la continuación del desarrollo inmobiliario al ser una Área Natural Protegida, creada además por decreto presidencial”, recordó Ricardo Gallardo

El gobierno del estado apoya la defensa como Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito, decretada en 2021 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo afirmó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien indicó que el ayuntamiento capitalino debe ser “más consciente” al otorgar las autorizaciones de uso de suelo en la zona.

Explicó que las inconsistencias se han presentado en la regulación de las laderas de la serranía, donde el plan de ordenamiento y desarrollo urbano del municipio de San Luis Potosí mantiene vigente una zonificación urbanizable, “ahí no debería propiciarse la continuación del desarrollo inmobiliario al ser una Área Natural Protegida, creada además por decreto presidencial”, recordó.

En tanto, a los desarrolladores inmobiliarios de la zona, mismos que se encuentran en “stand by”, les pidió ser prudentes y esperar a conocer los alcances de la declaratoria, así como los pronunciamientos de autoridades judiciales de algunos recursos que han sido interpuestos”.

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El objetivo de esto, explicó, es dar mayor seguridad patrimonial y certeza jurídica a los potenciales compradores.

Finalmente reiteró que la administración estatal está de acuerdo en blindar la protección que se requiere en el lugar al ser ANP.

A mediados del mes pasado el titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez Carrera, sostuvo una reunión con ejidatarios y comuneros de la Sierra de San Miguelito, quienes denunciaron la reactivación de intentos de despojo por parte de la industria inmobiliaria

Ahí les aseguró a los pobladores que “no hay posibilidad de autorizar el cambio de uso de suelo en áreas de uso común, y mucho menos para proyectos inmobiliarios”, que pretenden jueces de distrito y abogados en la entidad para anular el citado decreto que protege la zona, poniendo en riesgo el patrimonio natural, cultural y social de sus comunidades.

En la reunión participaron representantes de los ejidos Mezquital, Núñez y Anexos, Guadalupe Victoria y la Comunidad de San Juan de Guadalupe, en audiencias para presentar distintos casos relacionados con la procuración agraria.

El gobierno del estado apoya la defensa como Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito, decretada en 2021 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo afirmó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien indicó que el ayuntamiento capitalino debe ser “más consciente” al otorgar las autorizaciones de uso de suelo en la zona.

Explicó que las inconsistencias se han presentado en la regulación de las laderas de la serranía, donde el plan de ordenamiento y desarrollo urbano del municipio de San Luis Potosí mantiene vigente una zonificación urbanizable, “ahí no debería propiciarse la continuación del desarrollo inmobiliario al ser una Área Natural Protegida, creada además por decreto presidencial”, recordó.

En tanto, a los desarrolladores inmobiliarios de la zona, mismos que se encuentran en “stand by”, les pidió ser prudentes y esperar a conocer los alcances de la declaratoria, así como los pronunciamientos de autoridades judiciales de algunos recursos que han sido interpuestos”.

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El objetivo de esto, explicó, es dar mayor seguridad patrimonial y certeza jurídica a los potenciales compradores.

Finalmente reiteró que la administración estatal está de acuerdo en blindar la protección que se requiere en el lugar al ser ANP.

A mediados del mes pasado el titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez Carrera, sostuvo una reunión con ejidatarios y comuneros de la Sierra de San Miguelito, quienes denunciaron la reactivación de intentos de despojo por parte de la industria inmobiliaria

Ahí les aseguró a los pobladores que “no hay posibilidad de autorizar el cambio de uso de suelo en áreas de uso común, y mucho menos para proyectos inmobiliarios”, que pretenden jueces de distrito y abogados en la entidad para anular el citado decreto que protege la zona, poniendo en riesgo el patrimonio natural, cultural y social de sus comunidades.

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