La Recomendación emitida por la CEDH en torno a las detenciones del 5 de junio, da la razón respecto a que un grupo de choque fue el autor de la violencia en la protesta, indicó Michel Hernández Piña, vocero de la asociación Cambio por San Luis.
Este jueves, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una Recomendación a la Policía Estatal y Municipal debido a las detenciones realizadas el 5 de junio tras la incursión violenta al edificio legislativo, donde concluyó que hubo violaciones a los derechos humanos, pues incluso fue golpeado un menor de 15 años que sólo pasaba por el lugar, mientras que a otros jóvenes no se les dijo la causa de la detención y también fueron golpeados e incomunicados
Al respecto, Michel Hernández, vocero de Cambio por San Luis, indicó que esta Recomendación "da la razón de lo que siempre manifestamos y comprobamos, que en el tema de los ataques al congreso, la fiscalía y otros edificios, hubo todo un proceso de infiltración que generaron violencia, y que de ahí se criminalizó a personas activistas defensoras del medio ambiente".
Cabe mencionar que en uno de los puntos recomendatorios, la CEDH solicita a al titular de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE) colaborar con el Agente del mInisterio Público a efecto de que se conozca la verdad de los hechos ocurridos con motivo de la participación de un grupo de personas que irrumpió en la manifestación en contra de la brutalidad policiaca.
Denunció que además, en este caso hay encubrimiento, pues a pesar de que los activistas aportaron pruebas para identificar a los autores de los destrozos en el Congreso, sigue sin haber detenciones por parte de la Fiscalía, "tenemos que continuar para que la Fiscalía dé cuenta de porqué no han caído los responsables, y si hubo una fabricación del delito también tiene que haber consecuencias, porque si fabricaron testimonios y tergiversaron lo que sucedió, es un delito".
Hernández Piña informó que también iniciaron el procedimiento para solicitar que se aplique el mecanismo de Protección para Defensores de los Derechos Humanos para las activistas que fueron detenidas injustificadamente en los disturbios.