Hay “terrorismo recaudatorio” en el Interapas, denuncia diputado

El Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS) está implementando terrorismo recaudatorio, al enviar documentos a los domicilios donde existen adeudos, para amenazar con suspender el servicio de agua y descargas a la red, dijo el diputado Luis Fernando Gámez Macías.

Además, “los directivos del organismo son de León, ni siquiera potosinos son, lo único que están haciendo es llenarse los bolsillos de dinero y en su momento se van a regresar a su tierra y dejarán todos los problemas de falta de agua en San Luis, por eso estamos en contra de cualquier aumento a las tarifas”.

El Congreso del Estado hace un llamado a los habitantes de Soledad de Graciano Sánchez, de la Capital potosina y de Cerro de San Pedro, para que acudan a denunciar estas acciones ejecutadas por funcionarios del INTERAPAS a quienes no les importa si afectan a los potosinos”.

Añadió que “están intimidando a la gente con acciones que no están permitidas, que son ilegales y el Congreso del Estado actuará, porque ni siquiera hay servicio y quieren cobrar con amenazas que parecieran notificaciones judiciales; lo que quieren es perjudicar y lastimar a las familias sobre todo en Soledad de Graciano Sánchez”.

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El presidente de la comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, señaló que se investigará si el despacho jurídico que está enviando las notificaciones existe, si está acreditado y si cumple la normatividad, porque está violentando los derechos de las personas con un acoso que no se puede permitir.

Expuso que toda la zona norte de Soledad, la Unidad Fidel Velázquez, Santo Tomás, las Constancias, la zona oriente, La Sierra, se encuentran sin agua desde hace meses y lejos de preocuparse por mejorar el servicio, el INTERAPAS opta por el terrorismo recaudatorio y violenta los derechos.

El legislador Gámez Macías expuso que el Congreso del Estado instalará una mesa especial de atención a las personas agraviadas por estas acciones, para que reciban apoyo en materia jurídica y defenderlos del organismo intermunicipal ante la campaña de acoso que ha emprendido.