Es urgente que Puerta Violeta, la Instancia Municipal de las Mujeres y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos tengan bases jurídicas sólidas, así como que se revisen en lo administrativo y en lo político.

Así lo consideró el activista y presidente de IMA AC, Hugo Carballo Hernández, quien refirió que, el pasado 31 de marzo de 2021, una trabajadora del citado programa presentó formal queja ante la Comisión Estatal de Derecho Humanos contra Puerta Violeta.

La queja se presentó por presuntas violaciones a Derechos Humanos ocurridas en agravio de las usuarias de dicho programa y ante el hecho de que en múltiples ocasiones había percibido diversas irregularidades en la prestación del servicio y actos de discriminación por parte de las encargadas hacia las usuarias.

De igual forma por haber recibido diversas órdenes verbales e injustificadas para negar el servicio a diversas mujeres en situación de vulnerabilidad.

En la queja se precisa que las trabajadoras estaban laborando sin manuales operativos, protocolos y reglamentos, que les permitieran saber cuáles funciones realizar y cuáles no, y que estaban supeditadas a las órdenes de familiares de la directora de DIF, quien dirigía el programa “con base en ocurrencias” citó.

Derivado de la queja, indicó, la trabajadora fue objeto de maltrato laboral y con posterioridad fue despedida injustificadamente, a la fecha, sigue sin recibir la correspondiente indemnización.

A cinco meses de haber presentado la queja, dijo, se encuentra plenamente acreditado que el programa Puerta Violeta, así como la Instancia Municipal de las Mujeres y Coordinación Municipal de Derechos Humanos operan sin manuales operativos, protocolos o bases jurídicas que le permitan a las trabajadoras, a la sociedad y a las victimas conocer cuáles son las funciones y acciones que estas dependencias pueden efectuar y cuáles no.

De igual forma no se tiene bien delimitado el actuar de estas dependencias, por lo que se vulnera, entre otros derechos, el de certeza y seguridad jurídica, aunado a que la falta de bases jurídicas deja abierta la posibilidad de que sigan ocurriendo arbitrariedades y violaciones a Derechos Humanos, mismas que ya han ocurrido y seguirán sucediendo, generando revictimización institucional por manejo irregular de las problemáticas de las usuarias que acuden a solicitar ayuda a estas instancias, hasta en tanto la autoridad municipal emita los ordenamientos jurídicos pertinentes para estas dependencias “que tanta falta le hacen a la sociedad potosina y en especial a las mujeres que viven en un Estado con declaratoria de alerta por violencia de género”, concluyó.