Al año se registran alrededor de 9 mil embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años de edad en San Luis Potosí, informó Cuauhtémoc Modesto López, director del Consejo Estatal de Población (Coespo).

El funcionario indicó que si bien a los Servicios de Salud les corresponde la aplicación de políticas públicas para atender el embarazo adolescente, al Coespo “le toca visibilizar estos temas para sensibilizar a la población de que sí puede ejercer sexualidad porque es un derecho, pero también hay otros procesos que en su edad puede estar atendiendo”.

Como ejemplo mencionó la formación académica, que agregó, le permite a las personas tener expectativas de vida más altas, por lo que se busca generar conciencia respecto a lo que implica el tener que cuidar a un recién nacido.

Indicó que con la intención de conocer aspectos del embarazo adolescente, en 2017 el Coespo realizó un sondeo entre mil 200 jóvenes beneficiarios de los programas Prospera, mismo que permitió identificar que las adolescentes inciden en el embarazo debido a la idea del amor romántico, “la idea idílica de que el enamoramiento es algo romántico, sin tener en cuenta el efecto posterior a ello”.

Mientras que en el caso de los varones la incidencia deriva de la presión social que se ejerce sobre ellos para que tengan relaciones sexuales o que no utilicen preservativos, y esa presión se da incluso a través del bullying.

A pesar de ello manifestó que la Secretaría de Salud “no ha detectado reticencia a usar preservativos, al contrario, pero hay que redoblar esfuerzos para llegar a los espacios a donde no se ha podido llegar”.

Modesto López agregó que en el tema del embarazo adolescente también debe analizarse y atenderse tomando en cuenta la condición sociocultural de cada región del Estado, “no es lo mismo hablar de estos temas en las zonas urbanas que en los espacios rurales, hay reticencias de tipo cultural”, aunado a que también las causas varían, pues por ejemplo, el embarazo en niñas de la Huasteca de entre 10 y 14 años de edad, está ligado a la violencia, por lo que en esos casos se trabaja en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).