El diputado Juan Francisco Aguilar Hernández afirmó que la reforma judicial no debe de pasar como se aprobó en comisiones, sería un riesgo, no para los trabajadores de la judicatura, sino para todos los mexicanos. El país debe apostarle por la autonomía e independencia judicial.

Mostró su respaldo absoluto a las y los trabajadores que iniciaron un paro de labores desde el miércoles pasado en 28 estados del país incluyendo San Luis Potosí; “me sumo a su lucha y alzamos la voz para detener esta reforma judicial donde no nada más se pretende perjudicar las condiciones laborales sino a todos los ciudadanos”.

Dijo que el Poder Judicial de la Federación se encuentra en el foco de la opinión pública y hoy en día se discute sobre una posible “democratización” de su sistema, es decir, que los jueces federales sean elegidos a través del voto popular.

El proceso de selección de jueces es un aspecto crítico de todo sistema judicial y cada país elige el método que considera más efectivo. Entre los métodos de selección sobresalen: 1) el nombramiento directo; 2) a través de examen; o, 3) la elección popular.

La manera de elección de juzgadores en México es a través de un examen que practica el Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, se ha puesto en debate si conviene la transición a una selección de jueces y juezas por medio del voto popular.

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Al respecto, es conveniente precisar que de manera excepcional, solo dos países permiten la elección de sus jueces por medio del escrutinio directo: Bolivia y Estados Unidos.

El legislador del Partido Acción Nacional señaló que las desventajas de elegir a jueces son:

1. Influencia política: Los jueces electos pueden ser vulnerables a la presión política y a la influencia de grupos de interés o contribuyentes de campaña. Estas influencias externas pueden comprometer la imparcialidad y la independencia del poder judicial, lo que podría conducir a decisiones sesgadas o injustas. Por ejemplo, los jueces pueden sentirse obligados a dictar fallos que se alineen con la opinión popular o los intereses de sus votantes para asegurar su reelección.

2. Falta de experiencia: El proceso electoral puede priorizar cualidades como el carisma y las habilidades de campaña por encima de la experiencia legal y la competencia judicial. En consecuencia, los candidatos altamente calificados sin perspicacia política ni atractivo público pueden ser pasados por alto, lo que lleva a un poder judicial menos competente. Esta falta de experiencia puede socavar la calidad y la integridad de la toma de decisiones judiciales.

3. Riesgo en el financiamiento de campañas: Las elecciones de jueces a menudo requieren una financiación de campaña significativa, lo que genera un grave riesgo sobre la posible influencia del dinero en el poder judicial. Los grupos de interés y/o poder (¿narcotráfico?) pueden contribuir a las campañas judiciales, creando la percepción de endeudamiento o parcialidad hacia estos donantes. Esta percepción erosiona la confianza pública en la justicia e imparcialidad del poder judicial.

4. Complacer a la opinión pública: Los jueces electos pueden sentirse obligados a alinear sus decisiones con el sentimiento popular para mantener el apoyo público. Esto puede dar lugar a decisiones que prioricen la popularidad a corto plazo sobre la justicia a largo plazo. Por ejemplo, los jueces podrían emitir fallos basados en encuestas de opinión pública en lugar de principios legales, comprometiendo el Estado de Derecho.

5. Debilitamiento a la independencia judicial: La idea de reelección para continuar en el puesto socava la independencia judicial, ya que pueden tomar decisiones con el objetivo de atraer a los votantes en lugar de defender la Constitución y la Ley. Esto compromete el papel esencial del poder judicial como rama separada e imparcial del gobierno que interpreta y aplica la ley objetivamente.

6. Partidismo: Las elecciones para jueces pueden volverse altamente politizadas y que los candidatos se alineen con partidos políticos. La política partidista en las elecciones judiciales puede llevar a un sistema judicial dividido según líneas ideológicas, erosionando la percepción de imparcialidad y justicia. Esta polarización debilita la credibilidad del poder judicial como árbitro imparcial de la justicia.

7. Elección desinformada: Muchos votantes pueden carecer de conocimiento y comprensión suficientes de las certificaciones y méritos de los candidatos judiciales. Lo que puede dar lugar a elecciones de voto desinformado que se basan en información limitada o en factores superficiales como el reconocimiento de nombres, apodos o lemas de campaña.

8. Potencial para la demagogia: Los jueces electos son susceptibles a la demagogia y retórica populista que pueda influir en la opinión pública. Los jueces que priorizan complacer el sentimiento público, en lugar de adherirse a los principios legales, pueden destruir la imparcialidad y la integridad del poder judicial. Esta susceptibilidad a la demagogia erosiona la confianza pública en el poder judicial como árbitro imparcial de la justicia.

9. Inconsistencia entre jurisdicciones: La calidad de los jueces puede variar significativamente en jurisdicciones con jueces electos, es decir, algunos estados pueden tener jueces altamente calificados y competentes; mientras que otros pueden tener dificultades para atraer candidatos aptos para el puesto o tener jueces con conocimientos jurídicos limitados. Esta inconsistencia en la calidad puede generar disparidades en las decisiones y resultados judiciales, destruyendo el objetivo de una justicia uniforme.

“Veamos el camino trazado por otros países a lo largo de su historia, lo que incluye no repetir los errores que éstos ya cometieron. México necesita de jueces que se apeguen a la Constitución y la Ley, no de jueces que cambian su criterio jurídico conforme el periodo electoral venidero”, puntualizó.