La defensa del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de San Miguelito ha escalado tras las denuncias de Guardianes de la Sierra sobre los intentos de consorcios inmobiliarios por urbanizar mil 805 hectáreas. Ante esta amenaza, los defensores ambientales han comenzado a implementar estrategias que incluyen alianzas con comunidades, instituciones académicas y organismos gubernamentales para salvaguardar este espacio natural.
Una lucha integral
Guardianes de la Sierra ha enfocado sus esfuerzos en involucrar no solo a los comuneros de San Juan de Guadalupe, sino también a investigadores y dependencias como la Procuraduría Agraria. Este movimiento busca consolidar una defensa estructurada que garantice la protección del territorio contra intereses privados que pretenden debilitar las regulaciones ambientales vigentes.
En esta misma línea, se llevo a cabo la mesa ambiental organizada por la SEMARNAT y liderada por su delegada, Angélica Montañéz Rivera, la cual reunió a representantes de instituciones clave como la PROFEPA, la CONAFOR y la CONANP, junto con organizaciones civiles y expertos. En este encuentro, se reafirmaron compromisos previos y se trazaron nuevas estrategias para la gestión socioambiental y la protección de los recursos hídricos de la Sierra de San Miguelito.
El Dr. Jonathan Quintero, presidente del Consejo Hídrico Estatal, solicitó a SEMARNAT y CONANP que las zonas de recarga hídrica de la Sierra sean consideradas un criterio prioritario en los programas de protección nacional. Este punto es crucial para fortalecer la declaratoria de área natural protegida y evitar que proyectos como Las Cañadas pongan en riesgo los servicios ecosistémicos de la Sierra.
Postura gubernamental frente a las presiones inmobiliarias
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona reiteró que el Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito no será tocada y subrayó que no se permitirá la reactivación del proyecto Las Cañadas. “No se pondrá ni un ladrillo en esta zona protegida”, declaró con firmeza y llamó a las autoridades municipales a desempeñar su papel en la regulación de fraccionamientos.
A pesar de estas declaraciones, empresarios y comuneros insisten en llevar adelante el proyecto, que plantea urbanizar 1,805 hectáreas o, en su defecto, un plan B que contempla solo 527 hectáreas, previamente declaradas urbanizables en administraciones pasadas. Según especialistas, la cantidad de tierra urbanizable ya establecida supera las necesidades poblacionales proyectadas para San Luis Potosí.
La importancia de seguir en pie de lucha
Para los Guardianes de la Sierra, esta batalla trasciende la protección de un territorio; simboliza la defensa de los recursos naturales, los servicios hídricos y la biodiversidad que beneficia a todo el estado. Su postura también busca generar conciencia colectiva sobre el impacto irreversible de la urbanización desmedida.
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Unir esfuerzos con la academia, las autoridades ambientales y la sociedad civil no solo refuerza su causa, sino que también pone en evidencia la necesidad de un desarrollo urbano sostenible que respete las áreas naturales protegidas. La lucha de los Guardianes conlleva un mensaje claro: proteger la Sierra de San Miguelito es un deber compartido para garantizar un futuro equilibrado y en armonía con el medio ambiente.
La lucha por la Sierra de San Miguelito; un activismo que no cede
Por años, la Sierra de San Miguelito ha sido un símbolo de resistencia, protección ambiental y pugna legal. Carlos Covarrubias Rendón, activista y miembro de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, ha estado acompañando esta lucha, enfrentando a fraccionadores, barones del concreto, litigios y el “greenwashing” que busca disfrazar intenciones comerciales bajo una máscara de sostenibilidad.
En medio de este entramado, Covarrubias Rendón asegura que el decreto se encuentra sólido, firme y vigente”.
El decretazo y sus Implicaciones
El 13 de diciembre de 2021, el gobierno federal emitió un decreto que declaró la Sierra de San Miguelito como Área Natural Protegida (ANP). Este acto fue un triunfo para los defensores de la sierra, que consolidó la protección de más de 111 mil hectáreas, entre ejidos y comunidades rurales. Sin embargo, no todo ha sido sencillo. Litigios de algunos ejidos, como San Juan de Guadalupe, El Terrero, Escalerillas y Calderón, han puesto en jaque la viabilidad del decreto. Covarrubias Rendón enfatiza que estos conflictos se centran en cuestiones de posesión de tierras y “no vulneran el área natural protegida”.
No obstante, uno de los retos más grandes ahora es la Vía Alterna, un proyecto vial Vía que tiene -segun lo indicado por las autoridades gubernamentales- una estrategia para desahogar el tráfico de la carretera No.57, sin embargo este futuro trabajo amenaza con conectar fraccionamientos con zonas vulnerables de la Sierra. Este conflicto, en palabras de Covarrubias Rendón, “es un reto para el área natural protegida, ya que las instituciones del Estado deben manejarlo con inteligencia”, para evitar que los desarrollos urbanísticos violen los términos de protección ambiental.
Los fraccionadores: entre litigios y descalabros
Uno de los mayores riesgos para la Sierra de San Miguelito son los fraccionadores, que buscan desde hace tiempo instalar grandes desarrollos inmobiliarios dentro de este territorio. A pesar de su resistencia, Covarrubias Rendón explica que han comenzado a perder terreno, tanto literal como metafóricamente.
“Ya perdieron el litigio en San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito”, señala. Incluso menciona que los principales actores detrás de estos proyectos, como Carlos López Medina y Alejandro Tamayo, se encuentran en una guerra interna por el control económico y político del área.
Covarrubias Rendón denuncia la complicidad de ciertas autoridades jurisdiccionales federales que, en el pasado, favorecieron a los fraccionadores. No obstante, con la reciente reforma al Poder Judicial Federal, asegura que estas “alianzas de conveniencia” se debilitarán, y harán más difícil que los fraccionadores logren sus objetivos.
El greenwashing y las estrategias de control
Uno de los temas más delicados en esta batalla es el greenwashing, una práctica donde las empresas intentan presentarse como ambientalmente responsables, cuando en realidad sus actividades están dirigidas a intereses comerciales. Covarrubias Rendón no olvida el primer intento de simulación con el decreto estatal de 2018, que pretendía proteger solo 12,000 hectáreas, dejando fuera las zonas más importantes de la Sierra.
“Fue una farsa ambiental, un monumento al greenwashing. El ejemplo más claro fue el decreto de área natural estatal de 2018, que intentaba proteger solo 12 mil hectáreas, dejando fuera los principales núcleos de la Sierra de San Miguelito. Fue una farsa ambiental”, asegura.
Asimismo, menciona que grandes corporaciones, como el Grupo Minera México, han intentado mejorar su imagen pública mediante actividades como reforestaciones y donaciones de árboles, pero sus verdaderas intenciones son más dudosas. “Minera México controla muchas de las actividades de reforestación a nivel estatal, y esto plantea serias contradicciones en su relación con el medio ambiente”, advierte.
De igual modo, el activismo de Guardianes de la Sierra ha destapado compras de terrenos dentro del área protegida, como las 150 hectáreas adquiridas por el Grupo Valoran en Jaral de Mexquitic. Covarrubias Rendón expone que estas estrategias de control social y político están siendo camufladas como “proyectos de protección ambiental” en colaboración con grandes corporaciones como el Grupo de Minera México. A pesar de ello, sostiene que es el Estado el que debe garantizar la protección real de la Sierra de San Miguelito y no las empresas privadas.
Reforestación: un ejemplo de comunidad y resistencia
Entre tantos frentes de lucha, uno de los logros más significativos ha sido el de la reforestación. Hasta la fecha, se han realizado cinco campañas de reforestación en comunidades como Villa de Reyes y Mezquitic, con la participación de organismos como la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Covarrubias Rendón describe una jornada en Guadalupe Victoria y La Cruz, donde se plantaron cerca de 6 mil árboles nativos en una acción coordinada por los propios ejidatarios.
“Es una acción inédita”, dice con orgullo, y destaca la importancia de que estas actividades sigan las indicaciones de las comunidades locales.
Este tipo de acciones contrasta con otras iniciativas de otros sujetos de la política que, según Covarrubias Rendón son meros actos simbólicos, como la plantación de algunos árboles para tomarse fotos.
“Una cosa es decir que se está reforestando y otra muy distinta es hacerlo de manera adecuada y respetando las decisiones de los núcleos de población”, puntualiza.
Un futuro en juego
A pesar de los avances en la protección de la Sierra de San Miguelito, el activista no deja de señalar los riesgos latentes. La industrialización y los intereses inmobiliarios siguen presentes, con empresas como la agencia inmobiliaria Century 21 quien ha presionado a habitantes de las comunidades como Emiliano Zapata y Jesús María para que no desistan de sus litigios contra el decreto.
Según Covarrubias, estos litigios, que han avanzado en algunos tribunales colegiados, se centran en cuestiones de posesión de tierras. Aunque el activista considera que estas disputas no afectarán de manera sustancial el decreto, sí representan un reto. El Decreto no vulnera la posesión y propiedad de las tierras ejidales y comunales, afirmó, subrayando que la Sierra de San Miguelito fortalece la posesión de los núcleos de población.
Covarrubias concluye su reflexión advirtiendo que “el asistencialismo privado y el control corporativo sobre las áreas naturales son peligros que deben ser vigilados de cerca. Sin embargo, también se muestra optimista y confía en que la resistencia comunitaria y la organización social seguirán siendo pilares en la defensa de la Sierra.
La Sierra de San Miguelito es más que un pulmón verde para San Luis Potosí; es el escenario de una batalla épica entre los defensores del medio ambiente y los intereses económicos que buscan explotarla.
La historia no ha terminado, pero cada victoria legal, cada árbol plantado y cada comunidad organizada son pasos firmes hacia la preservación de un tesoro natural que aún tiene mucho por ofrecer.
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