Desde que la asociación Civil Perteneces lanzó la petición de justicia para Sanjuana Maldonado, quien fue privada de la libertad por un delito que no cometió en el año 2009, más de 15 mil personas se han unido en solidaridad, firmando y compartiendo su caso a través de Change Org.
Es por ello que el equipo jurídico que lleva su defensa y que está liderado por los abogados José Mario de la Garza Marroquín y Raquel Álvarez Charqueño, señalaron que desde el corazón de la sociedad civil, creen en el poder de la colectividad para exigir justicia para Sanjuana y que ella pueda salir libre.
A la par, indicaron, el Gobierno de San Luis Potosí hizo llegar al Congreso del Estado una solicitud firmada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El objetivo de esta solicitud, que se realizó a través de la Secretaría General de Gobierno, es que el Poder Legislativo emita un indulto en el caso de Sanjuana, una mujer originaria de Guadalcázar, quien fue detenida irregularmente por autoridades federales.
Cabe mencionar que desde el 15 de febrero pasado ya había sido promovida por familiares, colectivas y asociaciones civiles relacionadas con el caso la solicitud de este indulto, por lo que la Secretaría General de Gobierno informó que el gobernador también solicitó en el documento que se revisen las circunstancias de Sanjuana, ya que se han advertido irregularidades, incluyendo la violación de sus derechos humanos.
“La única forma en la que San Juana puede otorgar su libertad es a través del indulto en San Luis Potosí, el indulto está a cargo del Congreso del Estado y está a cargo de los diputados y las diputadas de nuestro estado. A ellos ya les presentamos una solicitud y acompañamos el expediente de Sanjuana con un total de 14 tomos para que se haga una revisión del mismo”, comentó el equipo jurídico.
De igual modo también presentaron el caso en el municipio de Matehuala, localidad en donde acontecieron los hechos. Cómo una acción de concienciación para que el caso de San Juana se divulgue y se conozca.
“Tenemos que alzar la voz por San Juana es alzar, la voz de muchas mujeres que se encuentran en prisión injustamente y que han sido encarceladas, que no han sido defendidas, que se han violado sus derechos porque son víctimas de muchas circunstancias de abuso y de violación de sus derechos humanos”.
De la Garza Marroquín también remarcó que son 15 años en donde se han violado también los derechos humanos de la familia de San Juana, quienes han hecho lo imposible para que ella pueda salir de la cárcel y nadie los escuchó, pues consideró que para las autoridades era más fácil dictar una sentencia de 30 años a una mujer inocente que escuchar la voz de las injusticias.
“Esta solicitud de indulto está robustecida con argumentos jurídicos muy sólidos, en donde se revelan las graves violaciones de derechos humanos que hubo a las violaciones al proceso y por supuesto la falta de perspectiva de género que hubo durante todo este procedimiento que se materializó, en una sentencia condenatoria en contra de Sanjuana y la privación de la libertad a casi 15 años”.