La administración estatal no ha dejado de lado la petición de investigar la posible participación de funcionarios, por acción u omisión, en el lamentable caso del antro “Rich”, donde dos jóvenes murieron.

Lo anterior, a la par de las carpetas de investigación que fueron abiertas desde la Fiscalía General del Estado, informó el titular de la Contraloría General del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, quien advirtió que se guarda la secrecía por el debido proceso.

El funcionario estatal reveló que los sucesos, que fueron conocidos a nivel nacional, derivaron en la investigación a los permisos otorgados para operar en establecimientos similares. Asimismo dejó entrever que serían dos las dependencias de las que se investiga a parte de su personal.

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Lo anterior busca que, de existir alguna responsabilidad, esta no quede impune, tras los señalamientos del padre de uno de los jóvenes que fallecieron a inicios del pasado mes de junio.

Es una investigación interna, detalló, desarrollada por la Contraloría General de Gobierno la que busca determinar si hubo o no responsabilidades de funcionarios, aparentemente de la Dirección de Gobernación y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El contralor reiteró que esa investigación es paralela a la que ha realizado la Fiscalía con carácter penal, “la investigación en proceso no es solo por el incidente ocurrido en el Rich, sino también por un listado de otros establecimientos en los que se habrían concedido permisos de manera irregular”, deslizó.

Insistió en que, al tratarse de una investigación en proceso, no pueden divulgarse identidades o una cantidad de funcionarios públicos involucrados, sin embargo, las pesquisas pudieran estar dirigidas hacia Gobernación y Protección Civil.

Finalmente Aguiñaga Muñiz aseguró que, en caso de confirmarse omisiones o irregularidades, serán aplicadas las sanciones correspondientes, por la vía administrativa.

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