La Auditoría Superior de la Federación, ASF, en el informe parcial de fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado 2018 entregado a la Cámara de Diputados Federal, resolvió que la administración de Juan Manuel Carreras López, realizó una gestión razonable del cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Solo se identificó la omisión del detalle contable de 3 mil 47.44 millones de pesos por concepto de ingresos de libre disposición, información que recientemente fue aportada por la Secretaría de Finanzas y de la cual, la ASF requirió el desglose específico de su aplicación y que por dicho motivo no tiene categoría de Pliego de Observación sino como Solicitud de Aclaración con un monto exclusivamente de referencia, por lo que en estos momentos por ningún motivo se puede aseverar fueron mal ejercidos.
De esto respondieron, el Contralor General del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias, y el Secretario de Finanzas de San Luis Potosí, Daniel Pedroza Gaitán, quienes aclararon que los recursos mencionados eran de libre disposición y que fueron ejercidos en organismos públicos descentralizados, inversión pública, amortización de deuda, obligaciones financieras, y en menor medida gasto de operación, de los cuales se aportará la justificación y comprobación en el plazo que señale el órgano fiscalizador.
“Es información no concluyente a la revisión de dicha cuenta la cual deberá presentar su versión final en febrero 2020. Las únicas observaciones señaladas corresponden a las auditorías realizadas al Seguro Popular por 68.86 millones de pesos, Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas, FISE, por 63.37 millones de pesos, Sustitución del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto por 14.8 millones de pesos, a PROSPERA por 189 mil pesos, montos que están sujetos a proceso de seguimiento y que serán notificadas formalmente a la entidad a más tardar el día 15 de noviembre”.
Al igual, comentaron que del monto observado al Fondo de Fortalecimiento Financiero y al Fondo de Hidrocarburos, que ascienden a 180 millones de pesos, corresponde solventar a los municipios que aplicaron estos recursos, así como en el caso de las auditorías que se practicaron directamente al FISMDF y al FORTAMUNF por 221.3 millones de pesos.
“El Gobierno del Estado reitera su compromiso de ejercer correctamente los recursos públicos, con apego a la legalidad y transparencia, como se ha venido haciendo al reducir al mínimo histórico las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, las cuales para la revisión de la cuenta pública de 2017 se mantuvieron por debajo de la media nacional y entre los Gobierno Estatales con menos observaciones”.