Luego de la aprobación en el Congreso del Estado que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación, colectivos feministas y defensoras de derechos humanos insisten en que el verdadero trabajo comienza ahora: garantizar que el acceso a este servicio sea efectivo, seguro y sin barreras para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar en el estado.
Este avance legal representa un cambio significativo en el Código Penal de San Luis Potosí, eliminando las sanciones que criminalizaban la interrupción voluntaria del embarazo en sus primeras semanas.
Sin embargo, la activista Nuria Serrano, integrante de la colectiva ILE, señala que el Congreso solo ha cumplido una parte de lo ordenado en los recientes fallos judiciales, que instan al estado a modificar no solo el Código Penal, sino también el artículo 16 de la Constitución local y la Ley de Salud.
“Solo se ha acatado una parte de la sentencia, que es eliminar la criminalización del aborto en el Código Penal. Aún quedan dos puntos esenciales: derogar el artículo 16 constitucional que protege la vida desde la concepción y adecuar la Ley de Salud para establecer los protocolos necesarios en los servicios de salud pública,” explicó Serrano.
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El cambio en la Ley de Salud resulta fundamental para que hospitales y clínicas puedan ofrecer la interrupción del embarazo como un servicio de salud, más allá de los casos de violación ya contemplados en la norma oficial NOM-046. Serrano subrayó que sin esta reforma, las instituciones de salud en San Luis Potosí carecen de un protocolo claro y accesible que permita a las personas solicitar el procedimiento sin enfrentar barreras legales o administrativas. “Actualmente, si alguien solicita el servicio en un hospital público, es probable que no se le atienda porque no hay un protocolo establecido. Esto es algo que debemos resolver con urgencia,” afirmó.
Además de los protocolos médicos, las activistas destacan la importancia de desarrollar programas de capacitación para el personal de salud y campañas de información en todos los municipios. Serrano enfatizó que es crucial que las personas sepan que el aborto en las primeras 12 semanas es ahora un derecho. “Faltan mucha capacitación y promoción estatal para que el servicio sea realmente accesible en todo San Luis Potosí,” apuntó.
El proceso de implementación y adaptación en el sistema de salud del estado podría llevar varios meses, pero las defensoras de derechos aseguran que estarán vigilantes para que las autoridades cumplan con su parte. La Asociación Civil Nueva Luna, clave en la promoción de esta reforma, seguirá presionando para que el gobierno avance en la eliminación de obstáculos al acceso al aborto y promueva una cultura de derechos en torno a la salud reproductiva.
Este logro es solo el inicio de un proceso que requiere la colaboración del sistema de salud y de las autoridades locales para consolidar la garantía de derechos reproductivos en San Luis Potosí. Las defensoras enfatizan que sin la adecuación de la Ley de Salud y la reforma constitucional, la despenalización del aborto podría quedar en letra muerta, limitando la efectividad del cambio legislativo.