El recorte de burócratas en Gobierno del Estado no ha concluido, el proceso de reducción de personal se ha llevado a cabo por etapas y concluirá hasta el final de la administración, en septiembre de 2021.

Para realizar las funciones de los que se fueron -cuando se retorne al trabajo presencial- existe la posibilidad de fusionar áreas “dentro del marco de austeridad implementado a finales del año pasado”.

El proceso, que finalizará hasta septiembre, abarca todos los niveles, asimilables, honorarios, confianza, directores y subdirectores, así como cargos que requieren nombramiento.

En su momento, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, pidió “ser conscientes del complicado panorama financiero, así como de las limitaciones de los recursos y la obligación de imprimir mayor eficiencia al gasto”.

Aunque hasta ahora no se sabe a cuántos trabajadores han sido despedidos, el recorte se llevó a cabo tras la revisión de casi mil contratos, al argumentar esa necesaria restricción de gastos.

El número de funcionarias y funcionarios que podrían ser separados de su relación laboral hasta hoy es indefinido, aunque los contratos de trabajadores de confianza, así como por honorarios, que se encuentran en revisión para determinar la posibilidad de revocarlos, se cuentan por miles.

El recorte se dio tras realizar una evaluación, con la finalidad de conocer la cantidad de servidoras y servidores públicos susceptibles de ser liquidados, el proceso de reducción de personal es por etapas y concluirá hasta el final de la administración, en septiembre de 2021.

De acuerdo con cifras oficiales, existe un estimado de 30 por ciento del total de burócratas los que serían susceptibles de que se les rescinda el contrato.

Para solventar y cubrir las labores que desempeñaban las y los trabajadores a los que no se les renovó contrato, así como de los que serán despedidos, se ha mencionado la posibilidad de fusionar áreas.

El citado plan de austeridad había permitido concluir la relación con 55 trabajadores de confianza, así como de 45 asimilados a pagos de honorarios, “medida que permitió un ahorro de al menos 35 millones de pesos”.

En la etapa de evaluación se dejaron a salvo a las y los trabajadores sindicalizados; al personal de Seguridad y Custodia; al del Sector Salud y a quienes laboran en la Fiscalía General del Estado.