El presidente de Fundación Renace, José Mario de la Garza Marroquín, presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa de Ley para reformar el Código Penal y garantizar una indemnización económica a personas que son encarceladas injustamente o con violaciones al debido proceso. En dicha reforma se planteará pagar dos salarios mínimos por cada día que estas personas estuvieron privadas de su libertad.
Plantea adicionar el artículo 45 BIS al Código Penal del Estado, el cual señala que el sentenciado podrá realizar el cobro de esta indemnización presentando su sentencia absolutoria y una identificación oficial ante la Secretaría de Finanzas del Estado. El financiamiento para esta propuesta deberá ser considerado en la propuesta de Presupuesto de Egresos que cada año presenta el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.
Tomando en cuenta el valor actual del salario mínimo ($172.87 diarios), la indemnización correspondería a 345.74 pesos por día de encarcelamiento, 10 mil 372.2 pesos por mes y 126 mil 195.1 pesos por cada año que la persona haya pasado tras las rejas. El cobro de esta indemnización no anulará la posibilidad de que la persona emprenda acciones legales en contra del Estado o sus funcionarios.
El cobro de esta indemnización busca que la persona afectada pueda sostenerse económicamente en tanto pueda insertarse en el mercado laboral, lo cual es difícil para alguien que ha salido de prisión, debido a conductas discriminatorias de un mercado laboral que excluye a quienes han salido de prisión, aunado a que muchos de ellos salen con edad avanzada y ello contribuye a la cancelación de su vida productiva.
El derecho de una indemnización a personas que han sido encarceladas injustamente ya es reconocido en constituciones y leyes de países como: Paraguay, Chile, Venezuela, Ecuador, Portugal y España; así como en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Esta iniciativa de ley ya había sido presentada el 18 de mayo de 2015, durante la LX Legislatura del Congreso del Estado, por el propio José Mario de la Garza, sin embargo, nunca fue rechazada por los legisladores.
Recientemente fue lanzado el Documental “Me dicen El Potro”, que narra la historia de Luis Alejandro Chávez Mendoza, alias “El Potro”, quien fue encarcelado injustamente, únicamente por tener el mismo apodo que un presunto delincuente.