La diputada Laura Patricia Silva Celis consideró que un aspecto fundamental en cuanto a la erradicación de la violencia contra la mujer es mantener al personal de las diferentes dependencias, que tienen contacto con las víctimas de violencia, no sólo capacitado y actualizado sino también certificado, ya que en la medida en que esto ocurra será posible contar con una mejor atención y garantizar un servicio integral a favor de quienes han pasado por una situación que les ha causado afectación de diversos tipos.
Por ello, la legisladora presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí con la finalidad de que, con personal certificado, las mujeres que han sido víctimas de violencia puedan contar con una atención profesional que garantice el trato adecuado y sobretodo que se evite la revictimización, paradigma fundamental que a la fecha precisamente por falta de sensibilidad y profesionalización se sigue presentando en las diferentes instituciones públicas, donde se abordan los casos de violencia en contra de las mujeres.
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Con esta reforma se busca establecer en la ley mencionada que se debe certificar al personal que corresponda, de los servicios de salud, respecto de la violencia contra las mujeres, y se garantice la atención a las víctimas a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) dependiendo del estándar en el que se certifique la persona— o bien un certificado de competencia emitido por la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres, avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Certificar a su personal para atender los casos de violencia contra las mujeres, especialmente al de policía preventiva y de tránsito, a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) dependiendo del estándar en el que se certifique la persona— o bien un certificado de competencia emitido por la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres, avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Promover, en coordinación con las instancias estatales competentes, la certificación de las personas que atienden a víctimas.
En la exposición de motivos de la iniciativa presentada se menciona que es importante señalar que en diversas normas se establece de manera literal la obligación de “capacitar”, pero esto no implica realmente la profesionalización ya que muchas veces se ofrece esta capa al interior de las diversas instancias.
Ahora bien, el Instituto Nacional de las Mujeres mediante el Catálogo de Capacitación 2018 señala la importancia de profesionalizar al personal gubernamental que tiene contacto con las víctimas del delito y de manera puntual se plantea que “los cursos de alineación proponen:
Facilitar que las personas que realizan funciones relacionadas con la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres sean evaluadas exitosamente, adecuando sus conocimientos, habilidades y aptitudes a los parámetros de calidad establecidos en dichos estándares para obtener un certificado emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) dependiendo del estándar en el que se certifique la persona— o bien un certificado de competencia emitido por la Secretaría de la Función Pública e Inmujeres y avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP)”.
Lo anterior, debido principalmente a que las personas que tienen contacto de manera directa una vez que han sido vulneradas requieren atención específicamente dirigida al caso particular, aspecto que no es posible comprender o proyectar mediante una simple capacitación, razón por lo que resulta pertinente se plasme en este mismo sentido en la ley lo relacionado a la certificación.
La iniciativa de la diputada Silva Celis se turnó a la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género para su análisis correspondiente.
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