A dos años de haberse llamado a los entes de gobierno a adherirse al Sistema Estatal Anticorrupción, a la fecha se han sumado menos del 50 por ciento a los sistemas uno, dos y tres, los cuales tienen que ver con las declaraciones patrimoniales de servidores públicos, con la participación de servidores públicos que intervienen en las contrataciones y finalmente los que han recibido algún tipo de sanción, respectivamente.
Entre los entes que se han sumado al menos al sistema uno destacan los 58 municipios del estado, “lo que nos permitirá ir conociendo la evolución patrimonial de los servidores públicos de los ayuntamientos, la institución más cercana a la población”.
El llamado a los 251 entes obligados en San Luis Potosí a adherirse al Sistema Estatal Anticorrupción se hizo para el sistema uno de declaración patrimonial en mayo del 2021, para el sistema dos que se relaciona con el tema de las contrataciones en Agosto 2022, y para el sistema tres de servidores púbicos que han sido sancionados, en Agosto de 2023, en este último se tiene hasta el 30 de noviembre para subir información.
Así lo comentó Jesús Rafael Rodríguez López, secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), quien detalló que al sistema uno que tiene que ver con la presentación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, se han adherido 95 de 251 obligados, por lo que se sigue trabajando en la suma de más instituciones públicas, para fortalecer ese sistema.
En lo que corresponde al sistema dos, se han adherido 75 de 251, por lo que también continúa trabajándose ahí a fin de que haya más dependencias que transparenten sus contrataciones, “con el sistema dos lo que se pretende es transparentar los procesos de compras, licitaciones y contrataciones públicas”.
Y aunque no dio cifras de los entes que se han sumado al sistema tres que tiene que ver con el registro de servidores públicos que hayan sido sancionados por malas prácticas en el ejercicio de sus funciones, dijo que sigue trabajándose para consolidar la plataforma digital estatal del sistema, con la finalidad de que las dependencias que forman parte de ella transparenten el quehacer gubernamental.