La Fiscalía General del Estado y el INTERAPAS encabezaron en 2018 la lista de denuncias y medidas precautorias respectivamente, según el informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que entregó al Poder Legislativo.
Jorge Andrés López Espinosa, presidente del organismo, entregó al presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Igualdad y Género el informe y el diputado Pedro Carrizales Becerra expuso que será analizado por los diputados para realizar las observaciones que sean necesarias al mismo.
La Fiscalía General del Estado y la Policía Ministerial suman 310 denuncias, mientras que la Secretaría de Educación y el Sistema Educativo Estatal Regular registran 238 quejas, encabezando la lista.
Entre la principales violaciones a los derechos humanos que se informan son: acciones y omisiones contrarias a las que señala la ley, prestación indebida del servicio público, detenciones arbitrarias, lesiones, dilación o retraso injustificado de la integración de los expedientes de investigación penal, maltrato a los estudiantes, omitir fundar o motivar el acto de autoridad, omitir dar respuesta a la petición formulada por las personas.
Durante el 2018 se emitieron 274 medidas precautorias: 100 a la Dirección General de INTERAPAS, por cortes arbitrarios al suministro de agua potable; 56 a Servicios Educativos, 34 a autoridades municipales, 34 contra Secretaría de Seguridad Pública, y 23 contra la Fiscalía General del Estado, entre otros.
Se emitieron 8 recomendaciones a la Fiscalía General del Estado; 7 a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado; 5 a los Servicios de Salud; 2 a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí; 2 al Sistema Educativo Estatal Regular y 13 en general contra otras autoridades.
Indicó que se emitió una recomendación general a la Fiscalía General del Estado por la desaparición de un autobús con trabajadores jornaleros en 2010, que está en etapa de cumplimiento.
El titular de la CEDH informó que en este año que se informa, se realizó una mayor promoción de la cultura y respeto a los derechos humanos, la participación en mesas de trabajo para atender lo relativo a la Alerta de Violencia de Género decretada para 6 municipios de San Luis Potosí decretada en 2017, donde se buscará proponer la ampliación de este mecanismo para dos municipios más Ciudad Valles y Rioverde.