Se tienen detectados 140 inmuebles que requieren mantenimiento preventivo y correctivo en los perímetros A y B del Centro Histórico, que conforman el censo realizado en el año 2016 y que al momento se trabaja en la actualización, con un avance del 20%, informó el titular de Protección Civil Municipal, Adrián Álvarez Botello.
Así lo dio a conocer, después de la reunión que sostuvo para establecer las estrategias y las posibles acciones para la mitigación de riesgos, con personal de la Coordinación de Monumentos Históricos de la Delegación San Luis Potosí del Instituto Nacional de Antropología e Historia –INAH-, quienes también realizan valoraciones de las fincas más afectadas en esta zona de la capital potosina.
Destacó que según el trabajo estimado por la Dirección a su cargo son casi 60 fincas que presentan alto riesgo, es decir, que sus principales espacios de afectación son las fachadas, por lo que se buscará trabajar en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, a fin de localizar a los propietarios y proponer acciones de remediación básica.
Un factor más que debe analizarse, es la situación jurídica en la que se encuentran los inmuebles, toda vez que muchas están en proceso de definición de propietarios, por diversos motivos y disputas, principalmente en juicios de sucesión intestamentaria, abandono por migración y otros factores, que también representan un obstáculo para Protección Civil, toda vez que el personal operativo no puede ingresar al inmueble a revisar las condiciones de la construcción, por ser propiedad privada.
En este sentido, remarcó la importancia de actualizar el censo de las propiedades afectadas en los perímetros A y B del Centro Histórico, ya que arrojará datos más certeros en cuanto a la cantidad de inmuebles abandonados, las condiciones de sus fachadas, y en general, los acercamientos con los propietarios para que ningún peatón o automovilista esté en riesgo por esta condición arquitectónica.
Finalmente, Álvarez Botello destacó que los trabajos de actualización incluyen el mapeo de las fincas afectadas, con su grado de riesgo, desde bajo, medio y alto, con la intención de que los propietarios tengan conocimiento del estado de conservación y mantenimiento de su inmueble, y conscientes de las responsabilidades legales que adquieren ante una eventualidad por colapso.