El incidente ocurrido en Aquismón no generó una denuncia en materia electoral, indicó Javier Montalvo Pérez, fiscal especializado en Delitos Electorales.

El sábado pasado, un militante panista fue detenido por policías municipales de Aquismón al impedir el paso de un camión que transportaba materiales de construcción, pues hay quienes piden que se detengan las obras durante el proceso electoral para evitar que sean utilizadas para condicionar el voto.

Al respecto, el Fiscal Electoral explicó que dicha dependencia no tiene denuncia sobre este hecho, ya que el delito “no fue de índole electoral sino una obstrucción de caminos, el Ministerio Público del fuero común en Ciudad Valles determinó que no existían elementos suficientes y por tanto liberó al detenido con las reservas de ley”.

Sin embargo señaló que ante la efervescencia que ha surgido en aquel municipio, este jueves se firmará un pacto de civilidad entre candidatos y partidos políticos, “el Ceepac (Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana) y la Fiscalía estaremos presentes en un pacto de civilidad entre candidatos, ya fue consensado entre candidatos y partidos para tener una elección de propuestas y consensos, y no de pleitos innecesarios, que la ciudadanía elija libre y en base a propuestas”.

Puntualizó que la responsabilidad de las autoridades es no cohibir la participación ciudadana, sino fomentarla, y “ya queda en la responsabilidad de cada candidato y cada partido generar propuestas y no descalificaciones que no abonan a la democracia”.

En cuanto a las denuncias que ha recibido la fiscalía de manera general en lo que va del proceso electoral, Montalvo Pérez informó que ya se tienen 34, aunque precisó que “no quiere decir que todas estén en una etapa de investigación, hay algunas que ya se ha declinado competencia a favor de la federación o responsabilidades administrativas para que se turnen al Ceepac”.

Mencionó que alrededor de la mitad de las denuncias que ha recibido la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, es por el uso de recursos públicos para un fin político-electoral, ya sea “para que se vote a favor de un candidato o se abstenga a votar por él”.