La figura del feminicidio no significa que la vida de una mujer se considere más importante que la de un hombre, sino que busca proteger el derecho a la igualdad, destacó Ángela Quiroga Quiroga, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).
Este jueves, la comisionada nacional ofreció la conferencia “Los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia”, el Poder Judicial del Estado, en donde destacó que ahora los tribunales enfrentan el reto de interpretar la ley de manera diferente y contemplar otros elementos adicionales a lo que la ley señala, para así emitir sentencias con perspectiva de género.
También explicó que al establecer el delito de feminicidio no se busca decir que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, “el bien jurídicamente tutelado es el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, porque lo importante es preguntarnos cuál fue el móvil, porqué la mató”, por lo que se dijo en contra de que todas las muertes violentas de mujeres quieran ser catalogadas como feminicidio.
Manifestó que las muertes violentas de hombres generalmente están relacionadas con riñas, robos o secuestros y se cometen con arma de fuego, mientras que las muertes violentas de mujeres “la gran mayoría son por asfixia, quemadas, golpeadas, en manos de sus parejas y en su casa”.
Al respecto, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Juan Paulo Almazán Cue, reconoció que si bien la norma jurídica otorga los mismos derechos sin distinción a hombres y mujeres, “lo cierto es que históricamente las políticas y sistemas para acceder a los derechos han sido diseñados en rasgos de destinatarios masculinos, lo que dificulta a las mujeres el disfrute de sus derechos”, lo que también repercute en un clima de violencia.
Destacó que “ya no es permisible permanecer inertes” ante la violencia contra la mujer, por lo que el Poder Judicial ha generado acciones palpables como capacitaciones constantes en materia de género, la creación del juzgado especializado en divorcio voluntario y órdenes de protección, además que en su propuesta de presupuesto 2019 incluye un área especializada en derechos humanos y género.