Durante el 2022, en San Luis Potosí se registraron 46 muertes violentas de mujeres, de las cuales 10 fueron clasificadas como feminicidios por la Fiscalía General del Estado (FGE). De 2019 a la fecha se ha reportado un total de 89 casos de feminicidio, cuyo rango de edad de las víctimas osciló entre los 11 y 90 años.
En el 2019 se cometieron 28; en el 2020 fueron 27; para el 2021 se presentaron 24 casos y para el 2022 la cifra fue de 10 casos; esto de acuerdo con información solicitada a la Unidad de Transparencia de la FGE.
Los municipios que han presentado más casos de feminicidios son: la Capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Ciudad del Maíz. Estas cifras de feminicidio en el Estado, y según lo establecido en su Código Penal, también exponen el creciente aumento de violencia sexista.
Sin embargo, existen datos más alarmantes que exponen cómo esta violencia ha convertido parte del territorio mexicano en un escenario de exterminio contra las mujeres. Esto, en relación con la emisión de sentencias condenatorias por este delito, ya que son escasas, lo que exhibe una dilación de las autoridades respecto a la procuración de justicia.
Durante el 2019, sólo se llevaron a cabo tres sentencias condenatorias -en el municipio de San Luis Potosí, Matehuala y Santo Domingo-. En el 2020 se realizaron únicamente dos sentencias, una en Aquismón y otra más en Axtla de Terrazas; mientras que, para el 2021 y 2022 no se emitió ninguna sentencia por el delito de feminicidio.
Es decir, del total de feminicidios que se registraron los últimos tres años, San Luis Potosí solo cuenta con apenas el cinco por ciento de sentencias dictadas por la comisión de este delito. Pero el feminicidio no solo cuenta con esta figura que cataloga y tipifica las muertes violentas de mujeres, existen además otros delitos y estadísticas alarmantes en torno al asesinato de mujeres, como los homicidios dolosos contra mujeres y homicidios dolosos con arma de fuego contra mujeres, con un total de 181 carpetas de investigación, del 2019 hasta el presente año.
El panorama de la AVGM
De los 29 municipios de la entidad potosina en los que se ha presentado al menos un caso, sólo seis de ellos cuentan con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), desde junio de 2017.
Los municipios que tienen activo este mecanismo son: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamuín, Tamazunchale, Matehuala y Ciudad Valles.
Esta declaratoria se llevó a cabo a través de un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
No obstante, tuvo que pasar un año para que esta declaratoria fuera efectiva, pues hasta 2018 se contempló dentro de los subsidios federales, lo que permitió que se llevara a cabo el cumplimiento de ésta a nivel estatal.
Parte de los trabajos que se desarrollaron a través de esta declaratoria fue destinar estrategias de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Así como implementar acciones que contemplaron patrullajes preventivos; mejorar e instalar nuevo alumbrado público; colocar estratégicamente cámaras de video y postes de emergencia; incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público; y difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia.
Lamentablemente, la administración gubernamental pasada erogó un total de 24 millones de pesos emanados del Gobierno Federal, para atender tan sólo 20 medidas dictadas por violencia de género, y, después de cuatro años, sólo dos aparecen como cumplidas, cinco en proceso, nueve parcialmente cumplidas y cuatro no cumplidas.
Por otro lado, el 9 de febrero de 2022 se emitieron los resultados de proyectos presentados para ser beneficiarios a los recursos destinados de la AVGM,, por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).
Entre las dependencias estatales que aplicaron para ser beneficiarias de este recurso y así implementar labores encaminadas a la AVGM, fueron: el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), Instituto de las Mujeres del Estado (IMES), Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y al Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Fiscalía General del Estado.
Sólo esta última fue elegida para recibir este apoyo, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha esclarecido si en efecto forma parte del programa integral y el cumplimiento de los objetivos de la AVGM.
La voz de las víctimas colaterales de feminicidio
Para Sofía Viramontes González, quien es activista, defensora de los derechos humanos de las mujeres y víctima colateral del feminicidio de su hermana Guadalupe Viramontes González, -asesinada en 2012-, la ejecución del mecanismo de la AVGM es inservible e inoperante. Considera que las acciones que deberían estar encaminadas a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, carecen de recursos y presupuesto para llevarse a cabo.
“San Luis Potosí enfrenta una crisis de violencia feminicida, justo por eso cuenta con este mecanismo activo. Pero existe una falta de cooperación e interés por parte de las autoridades”.
Por ello, junto con otras familias de víctimas, en octubre de 2021 crearon la organización civil "Por ellas, por nosotras y por todas", que se ha encargado de documentar las omisiones de las autoridades procuradoras de justicia, dar seguimiento a las carpetas de investigación de feminicidios perpetrados en el estado, así como la promoción de acciones dirigidas a la obtención de justicia.
Viramontes González recalca que existen grandes áreas de oportunidad dentro de la implementación de esta alerta, cómo en el trabajo desempeñado por parte de la Fiscalía General del Estado. “Observamos la falta de capacitación del personal de investigación, así como la ausencia de ejes prioritarios para combatir este continuum de violencia”.
Sumado a esto, también percibe que, la problemática de feminicidios demanda la creación de nuevos entes especializados en la materia, por lo que insistió en la necesidad de que San Luis Potosí cuente con una Fiscalía Especializada de Feminicidios.
“Cada muerte violenta de mujeres requiere una investigación profunda y minuciosa, y esto se ha convertido en una necesidad urgente. Hoy día existe una gran cantidad de desapariciones de mujeres que resultan en muertes violentas o bien feminicidios, y pese a la existencia de la AVGM, se exhibe que no está funcionando”.
Viramontes González apuntó que como organización han detectado que las autoridades de justicia como la FGE, no catalogan ni tipifican las muertes violentas de mujeres como feminicidio, lo que no permite saber de manera certera las cifras reales de víctimas por este delito.
“Muchos están tipificados cómo homicidios dolosos, no se investigan bajo el protocolo de perspectiva de género ni se aplica la Ley, que refiere que toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada como presunto feminicidio”.
¿Qué dice la autoridad al respecto?
El vocero de Seguridad, Miguel Gallegos Cepeda, señaló que, comparado con las cifras de 2021, durante el 2022 el delito de feminicidio tuvo una tendencia la baja en un 58 por ciento; no obstante, aseguró que el gobierno del estado analiza los sucesos que se han cometido, de acuerdo con la incidencia delictiva en la materia, para que haya más municipios con alerta de género.
“Lo ideal sería que permanente y en todos lados, existiera esta figura a efecto de contrarrestar y brindar todas las garantías de seguridad a las mujeres”.
Gallegos Cepeda destacó que hay programas muy específicos que las instancias de defensa y atención a la mujer deben revisar tanto a nivel estado como en los municipios y la federación, deben brindarles la atención con personal capacitado, seguir los protocolos que marque la Alerta de Género, dar lineamientos en materia preventiva, seguimiento y acompañamiento, vigilancia donde las mujeres realicen sus actividades y atentos ante cualquier situación de riesgo.
“Esto es lo que deberían de hacer los municipios y el estado, tenemos algunos puntos al interior del estado donde no se llega a cumplir. La instrucción es muy clara, cada demarcación debe responsabilizarse bajo las atribuciones del tema de protección de las mujeres, en el gobierno del estado estamos trabajando a efecto de fortalecer los programas de protección y prevención y el acompañamiento y apoyo en todos los aspectos”.
Añadió que están tratando de apegarse lo más posible a la activación de la alerta de género en San Luis Potosí, “si bien es cierto tiene ya algunos años que se ha dado apertura, hoy día, se ha puesto mayor atención para que las instituciones de los tres órdenes de gobierno puedan trabajar con base a los lineamientos que marca el decreto de alerta de género”.
Dijo que hay una coordinación estrecha entre las instituciones del estado como Instituto de las Mujeres, Centro de Atención a Víctimas, Centro de Justicia para Mujeres, donde además de recibir a mujeres en situación vulnerable se otorga acompañamiento y orientación psicológica y legal para garantizar su tranquilidad.
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