Representantes de la comunidad LGTB denunciaron ante diputadas de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, Igualdad y Género, que prevalecen las agresiones, la violencia, el bullying y la discriminación en su contra, al grado que recientemente una persona trans fue asesinada.

Las legisladoras Beatriz Benavente y Marite Hernández aseguraron que ya están listas las reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que incluyen medidas en términos de protección y respeto a sus derechos e hicieron el compromiso de aprobarlas en un periodo extraordinario de sesiones.

En la reunión de trabajo se señaló que esta Legislatura no dejará este tema pendiente para la próxima, ya que es una de las prioridades y compromisos de las y los legisladores de diversos grupos parlamentarios, debido al incremento de la violencia en todas sus expresiones que prevalece contra las personas transgénero.

Los representantes de los colectivos expusieron casos de violencia institucional donde no se les reconoce su identidad o se les pone trabas para la realización de trámites e incluso se les niega o retrasa la atención médica, además del acoso y bullying que viven todos los días en una sociedad que no respeta ni reconoce sus derechos, dijeron.

En los artículos relacionados a las órdenes de protección se establece que “tratándose de mujeres embarazadas, con algunas discapacidad, niñas, niños y adolescentes, mujeres migrantes, indígenas o integrantes de un grupo étnico, afromexicanas, transgénero, intersexuales o en cualquiera otra situación de vulnerabilidad o desventaja que requiera atención especializada, se deberán tomar inmediatamente las medidas conducentes para asegurar su integridad física y psicológica”.

Además, “tratándose de mujeres transgénero, tendrán derecho a que se reconozca su identidad de género y ser llamadas con el nombre de su preferencia, sin importar si estos no son coincidentes con sus documentos de identidad”.

Añade que “las mujeres en condición de vulnerabilidad: aquéllas en mayor situación de riesgo de ser víctimas de violencia en atención a su raza, origen étnico, edad, discapacidad, condición social, económica, de salud, embarazo, lengua, idioma, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil; cuando tengan la calidad de migrante, refugiada, desplazada o privadas de la libertad por mandato judicial; que sean menores de edad, indígenas, afromexicanas, transgénero, intersexuales o cualquiera otra condición análoga a las anteriores; sea víctima de trata de personas, turismo sexual, prostitución, pornografía, privación de la libertad o cualquier otra condición que anule o menoscabe su derecho a una vida libre de violencia”.

Se establece en la exposición de motivos que “el condicionamiento para el reconocimiento de su identidad, provoca además una negación de la violencia estructural que existe en contra de las mujeres trans, además provoca que las víctimas no sean tratadas con perspectiva de género, por lo que se hace necesario agregar la fracción XII al Artículo 47 de la Ley, con el objeto de establecer como un derecho de las mujeres transgénero, a que se les reconozca como tal y a ser llamadas por el nombre de su preferencia, independientemente del sexo o nombre plasmado en sus documentos de identidad”.