“Las instituciones encargadas de impartición de justicia no están cumpliendo”, denunció Rosario Torres Mata, presidente y fundadora de la asociación Fe y Esperanza para Víctimas del Delito “Christian A.C.”.
Integrantes de la asociación Fe y Esperanza y de Cambio por San Luis, se manifestaron este martes frente al Palacio de Gobierno en Plaza de Armas para denunciar el incumplimiento de la Fiscalía General del Estado en su labor de procuración de justicia, ya que dijeron, hay casos que llevan meses o incluso años, sin ser resueltos.
Torres Mata denunció que “nuestras autoridades son omisas, no nos ven, piensan que estamos en un clima de confort como ellas, muchas víctimas se están quedando a medio camino”; mencionó el caso de una víctima del delito cuyo hijo fue asesinado, y “por la ineficiente investigación del municipios público” se negó la orden de aprehensión para el presunto asesino, y la víctima fue tratada como victimaria, al grado de ser detenida y encarcelada, “compartió celda con el asesino de su hijo, quien bajo el amparo del sistema agredió a su antojo a nuestra víctima, ahora presa, valiéndose de sus influencias como policía ministerial y amigo de un alto mando”.
Otro caso fue el de una víctima de abuso sexual a quien dijo, la entonces subprocuradora de delitos sexuales, Magdalena Vega, negó el ejercicio de sus derechos, lo que causó depresión en la víctima y la llevó a atentar contra su vida, para lo cual le medicaron antidepresivos que dañaron sus riñones y ahora requiere un trasplante.
La activista señaló que anteriormente la asociación tenía un enlace en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sin embargo desde su transición a Fiscalía se perdió dicho enlace, “las mesas de trabajo se suspendieron y los asuntos están parados”.
Manifestó que mientras hay casos con seis años o más sin ser resueltos, cuando la víctima es amiga de funcionarios los casos se resuelven en un mes o menos, por lo que indicó que al parecer en el estado la justicia es para ciertas personas y no para todos, aunado a que no se aplica la Ley de Protección a Víctimas del Delito.
Solicitó que si las autoridades no cumplieron con su obligación de garantizar la seguridad de sus seres queridos, “por lo menos que nos den la atención que marca la ley, estamos sufriendo con la pérdida de un ser querido y todavía nos maltratan”.
La protesta ingresó al Palacio de Gobierno, en donde gritaron consignas para exigir audiencia con el gobernador, quien no se encontraba en su despacho.
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