Este sábado 28 de septiembre, activistas potosinas exigieron la atención del Congreso del Estado que debe de atender la derogación de algunos artículos del Código Penal del Estado que fueron declarados inconstitucionales por el Juzgado Tercero de Distrito en el Noveno Circuito del Poder Judicial Federal, correspondiente a San Luis Potosí.
Lo anterior ocurrió en el marco del día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible.
Las activistas mencionaron que la sentencia ordena al Congreso legislar para materializar la despenalización del aborto, pero también que a las autoridades se les ha olvidado las secuelas en relación a los temas de salud “no basta con que no haya penas, falta que el gobierno articule cambios en el sector salud para brindar servicios a quienes así lo requieren”.
Esta semana, la Colectiva ILE anunció que obtuvo una victoria histórica en el ámbito de los derechos reproductivos, pues el Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito, el pasado 23 de septiembre dentro del expediente 765/2024, emitió una sentencia de amparo que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
La sentencia determina la inconstitucionalidad de los artículos 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 148, fracción I y II; 149 y 150, fracción III del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí. Además, se ha ordenado al Poder Legislativo derogar los artículos mencionados, lo cual representa un avance significativo en la protección de los derechos reproductivos de las mujeres potosinas y personas gestantes.
Por otro lado, el Tribunal Electoral del Estado, mandató al Congreso del Estado, dictaminar una iniciativa ciudadana presentada por la Colectiva ILE, a más tardar el próximo 26 de noviembre para garantizar así los derechos reproductivos en la entidad.
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La Colectiva ILE mencionó que, si bien ya se logró convertir a San Luis Potosí en el estado número 19 en cuanto al despenalización, falta que se cumplan la sentencia en el sentido de efectivamente reformar las normas; señalaron que eso debe incluir modificaciones a la Ley de Salud con la finalidad de garantizar la disponibilidad, accesibilidad, la calidad, la información y educación oportuna respecto a la interrupción legal y voluntaria del embarazo.
Por lo que continuarán dando seguimiento a la dictaminación de las iniciativas. También señalaron que volverán a insistir en que se retome la propuesta de reforma constitucional que ofrecieron al Congreso desde el 1 de julio de 2023, recordando que las reformas constitucionales, lamentablemente, solo las pueden impulsar legisladores y no por vía ciudadana.
Las activistas hicieron énfasis en que desde el pasado 23 de septiembre, las mujeres y personas gestantes no pueden ser sometidas a sanciones penales en caso de buscar la interrupción del embarazo.
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