Desde el Frente de Marea Verde, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas, defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas comprometidas con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, se ha alzado una voz urgente y enfática en favor de la despenalización del aborto en San Luis Potosí.
Sin embargo, las autoridades han mostrado dilaciones preocupantes en la toma de decisiones sobre este tema crucial.
En donde sus integrantes señalaron que la narrativa que se opone a la autonomía corporal y se disfraza como una supuesta “defensa de la vida” omite un aspecto fundamental: la mortalidad de las mujeres, su salud y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y maternidad.
“La despenalización del aborto no es simplemente una demanda de un sector; es un asunto de derechos humanos que afecta directamente la vida y la salud de miles de mujeres y personas gestantes en nuestro estado. A pesar de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 13 congresos de diversas entidades federativas han expresado su apoyo a esta causa”.
▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento
Sin embargo, el Congreso local de San Luis Potosí ha sido omiso en dictaminar las iniciativas presentadas. El año pasado, Marea Verde presentó dos iniciativas a favor de la despenalización del aborto, mientras que la Colectiva ILE SLP también presentó una más.
Por ello, urgieron que las candidatas y candidatos a cargos de diputación deben expresar de manera clara y sin ambigüedades su postura a favor de la despenalización del aborto.
“Esto implica reconocer que se trata de un derecho humano fundamental y comprometerse a impulsar reformas legislativas que garanticen el acceso legal, seguro y gratuito al aborto en San Luis Potosí. Además, es crucial que incluyan en sus plataformas políticas una agenda robusta de derechos humanos, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género y la justicia social”.
Por último mencionaron que diálogo abierto y participativo con organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas, activistas, personal médico y grupos de derechos humanos es esencial para que las políticas públicas y la legislación reflejen las necesidades y demandas de quienes más las requieren.
“La omisión no solo es condenable, sino que perpetúa la vulneración de derechos fundamentales. Es hora de que las autoridades escuchen las voces de quienes luchan por la justicia y la igualdad en esta importante cuestión”.