Las inmobiliarias han encontrado una oportunidad para explotar las tierras de los los ejidatarios en San Luis Potosí. José Amadeo Hernández Barajas, líder de la Central Campesina Independiente (CCI) a nivel nacional y coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP), informo que los fraccionadores pagan tan solo el 30 por ciento del valor real de las tierras de uso común a los productores agrarios.
Detrás de una fachada sutil, los grandes fraccionadores, ansiosos por expandir territorios urbanos, se acercan a las comunidades y ejidos cercanos a la capital.
Y aprovechando la crisis de escasez de agua y la desesperación de los productores, realizan "ofertas de compra" por debajo del valor justo, desequilibrando la balanza a su favor.
A nivel nacional, se han registrado ante las autoridades 25 intentos de compra irregular, mientras que en San Luis Potosí solo se han presentado tres denuncias. Las inmobiliarias, en busca de terrenos estratégicos, optan por la artimaña de ofrecer solo un pago mínimo por el valor real, engañando a los ejidatarios.
Prometiendo inicialmente el 30% del valor total de la tierra, para luego engañar a los ejidatarios, al no pagar y obligarlos a ceder la posesión. Pues el pago completo nunca llega, dejando a los campesinos despojados de sus tierras y atrapados en un laberinto legal.
“Los ejidatarios, a menudo en condiciones económicas precarias, se ven seducidos por la suma inicial de dinero, que parece ser una tabla de salvación. Sin embargo, al intentar recuperar la tierra, se enfrentan a un sistema judicial lento y burocrático”.
Hernández Barajas subrayó que pese a embaucarlos , las inmobiliarias siguen construyendo sobre terrenos adquiridos a precios ínfimos, enriqueciéndose a expensas de las comunidades agrarias que ven desvanecer su patrimonio ancestral.
Hernández Barajas destacó la falta de orientación y asesoría, agravando la situación. “Los ejidatarios, desesperados por necesidades básicas, se encuentran atrapados en un juego desigual, siendo embaucados y engañados por las inmobiliarias”.
Hernández Barajas también señaló que las autoridades no intervienen para proteger los derechos de los ejidatarios. Por lo que hizo un llamado imperativo para detener la codicia de unos pocos, que destruye el legado de muchos.
“Las inmobiliarias no solo adquieren tierras, sino también la dignidad y el futuro de quienes las trabajan. Es hora de poner fin a esta explotación y garantizar que la justicia prevalezca sobre la avaricia.”
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