Personas que fungieron como presidentes municipales, regidores, síndicos, tesoreros y directores de área en administraciones municipales anteriores a 2017, serán embargados para que paguen las sanciones a que se hicieron acreedores y recuperar unos 350 millones de pesos.
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que existe un adeudo que suma 343 millones 302 mil 289 pesos por concepto de sanciones resarcitorias, cuyo pago han omitido alrededor de 600 ex funcionarios públicos municipales.
Agregó que todos los ex funcionarios han sido ya notificados y por tanto el organismo fiscalizador espera a la brevedad el pago de los créditos fiscales correspondientes, ya que de no hacerlo se procederá al embargo de bienes propiedad de las personas que en su momento menoscabaron la hacienda pública de los municipios.
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El monto más importante por concepto de créditos fiscales derivados de observaciones no solventadas de las Cuentas Públicas 2010 a 2012 corresponde a Matehuala, cuyos ex funcionarios tienen vigentes sanciones resarcitorias por 31 millones 581 mil pesos. Le siguen Tamuín y Huehuetlán con sumas superiores a los 28 millones de pesos, por sanciones emanadas de los mismos ejercicios fiscales.
De igual modo, ex funcionarios de San Vicente Tancuayalab deben más de 21 millones 928 mil pesos, de Santo Domingo alrededor de 19 millones 505 mil pesos, de Alaquines una suma mayor a 18 millones 397 mil pesos y de Tampamolón Corona 17 millones 765 mil pesos.
Asimismo, ex funcionarios que juntos suman cantidades mayores a 10 millones de pesos, pertenecen a los municipios de Tamazunchale con 13 millones 862 mil pesos, Zaragoza con 12 millones 808 mil pesos, Cedral con 11 millones 388 mil pesos y Villa de Ramos con 11 millones 181 pesos.
Rodrigo Lecourtois puntualizó finalmente que el pago de estos créditos fiscales cobra relevancia si se toma en cuenta que los importes adeudados pasarán íntegramente a las cuentas de los municipios afectados, y estarán a disponibilidad para ejercerlos con la única condición de que su gasto se sujete al Presupuesto de Egresos respectivo.
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