Estudiantes de Arte Contemporáneo y de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, apostados a las afueras del Congreso del Estado, solicitaron aumento al presupuesto para la Educación Superior en el Estado.
Encabezados por Aaron Hernández Obregón y Oscar David Reyes Medrano, indicaron que actualmente, el presupuesto 2023 para la educación superior en San Luis Potosí es de 3,153,351,982 pesos, lo que representa un 5.2 por ciento del presupuesto total del Estado, recurso qué consideraron insuficiente para cubrir las necesidades de las universidades públicas, que ofrecen una educación a más de 79 mil estudiantes.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), en el año de 2022, solo el 35 por ciento de los jóvenes potosinos de entre 18 y 23 años de edad, tenía acceso a la educación superior. Esto significa que más de la mitad de los jóvenes potosinos están excluidos de la educación superior pública, que es la principal opción para los estudiantes de bajos recursos. Su organización Praxis Combativa, ha establecido una serie de amparos para alcanzar la gratuidad educativa, tal y como la mandara la Constitución.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la educación superior es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a la educación".
En el marco del derecho internacional público, la educación superior es un derecho humano reconocido por la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, que establece que "la educación superior debe ser accesible a todos, independientemente de su condición social o económica".
Es necesario incrementar su presupuesto para que cada vez, más jóvenes, tengan acceso a mejores oportunidades que mejoren su vida y la de su entorno.
Este aumento debe ir acompañado de políticas de austeridad que la universidad debe de examinar de manera interna, que den posibilidad de eliminar aquellos gastos superfluos que dificulten el recurso para el desarrollo del estudiante universitario.
Han presentado más 200 amparos que garantizan el derecho a una educación gratuita, lo que ha posibilitado a estudiantes de todas las facultades, incluidas aquellas de las que somos parte, llevar sus estudios sin costo alguno. Aseveran que está acción, representa un ahorro para las familias potosinas para mejorar su calidad de vida y estudios, así como la permanencia en la universidad.
No obstante, los juicios de amparo solo protegen a quien los promueve, quedando ajena la gratuidad a la mayoría de los alumnos, cabe recordar que es mandato constitucional la gratuidad a nivel superior, que gracias a la reforma al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 15 de mayo de 2019 es obligación de todas las autoridades garantizar tal disposición.
Es por eso que solicitaron al poder legislativo de San Luis Potosí que destine el presupuesto necesario para avanzar en dicho sentido de la plena gratuidad de la educación a nivel superior, "que si bien tal vez no pueda ser inmediato, que al menos se genere un plan financiero para garantizar el derecho lo antes posible. De igual manera se solicita que se etiquete presupuesto directamente para aminorar los costos de las inscripciones a todas las carreras, para que el recurso se destine directamente al costo que hoy, inconstitucionalmente, se pide a los estudiantes para su inscripción y permanencia en la educación superior".